Martes  06 de Octubre de 2020

Uruguay: qué decretó el gobierno de Lacalle Pou para incentivar el empleo

La situación sanitaria hizo que el vecino país esté en el radar para las inversiones: con el objetivo de impulsarlas, la administración charrúa aprobó un decreto para ampliar beneficios tributarios a empresas de todos los rubros, como la exoneración de hasta 90% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas. 

Uruguay: qué decretó el gobierno de Lacalle Pou para incentivar el empleo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Uruguay publicó un nuevo decreto con el que se busca estimular el crecimiento de la inversión, poniendo énfasis en la generación de empleo como el indicador más importante para determinar las exoneraciones tributarias a las que acceden los proyectos promovidos por los privados. 

Según el gobierno, en un escenario donde la economía uruguaya “sufre el impacto” del descenso de la actividad económica a nivel mundial producto de la crisis sanitaria y en donde se presentan dificultades para conservar niveles de actividad previos “resulta necesario modificar la metodología de evaluación de los proyectos de inversión”.

El texto del Poder Ejecutivo modifica distintos aspectos de la ley de Inversiones, cuyos últimos cambios se habían introducido en 2018. Entre otros puntos, se dispone que las empresas podrán exonerar hasta un máximo de 90% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) a pagar por año.  

Antes ese beneficio era máximo de hasta 60% para empresas establecidas y de hasta 80% para empresas nuevas, de acuerdo con un decreto de mayo de 2018. En tanto, el plazo mínimo de utilización de los beneficios de descuento pasa de 3 a 4 ejercicios. Ese plazo podrá suspenderse por hasta dos ejercicios, consecutivos o no.

“Si haces una inversión la lógica es que en los primeros años pierdas y te lleve un tiempo recuperar. Si el plazo mínimo para aprovechar el beneficio de impuesto a la renta era 3 años te ponía mucha presión. Capaz hacías un proyecto en donde no lo podías aprovechar. Que pongan 4 años da mayor potencialidad para usarlo. Lo mismo con subir el monto máximo de exoneración. Baja el costo tributario a las empresas. Son medidas que ayudan”, dijo a El Observador el tributarista Fabián Birnbaum de FBM Advisory.

Además, para los proyectos presentados hasta el 31 de marzo de 2021, el porcentaje de exoneración de IRAE que se determine por la aplicación de la matriz de indicadores (generación de empleo, descentralización y aumento de exportaciones, entre otros), se incrementará en un 20%, dentro de los límites dispuestos.

Esto será aplicable para las inversiones ejecutadas hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que las mismas representen al menos el 75% de la inversión total comprometida del proyecto. Si finalizados dichos plazos la empresa hubiera hecho uso del beneficio adicional y no hubiese ejecutado al menos el 75% de la inversión, deberán reliquidarse los tributos exonerados indebidamente.

Las empresas también podrán obtener devolución de IVA por los bienes muebles destinados al proyecto de inversión. Antes se incluía a los materiales y servicios destinados a la obra civil.

Foco en nuevos empleos

Además de lo tributario, la otra novedad es que la Comisión de Aplicación de la ley de Inversiones (Comap) establecerá un régimen simplificado, que utilizará para la asignación del puntaje de los proyectos  el indicador de empleo, tomando en cuenta el número de puestos de trabajo a crear (promedio anual).

En diálogo con El Observador, el contador Federico Camy, del Departamento de Impuestos y socio de Guyer & Regules señaló que en los próximos días habrá más detalles sobre cómo funcionará ese nuevo régimen y cuál será la ponderación que se dará a los distintos objetivos, una vez la Comap publique la resolución sobre el tema.

De todas formas consideró que podría asimilarse a la que existió años atrás, donde únicamente con generar una cantidad mínima de nuevos puestos de trabajo ya era suficiente para puntuar y poder acceder a los beneficios, sin tomar en cuenta otros indicadores. Según Camy, de alguna manera el nuevo decreto lo que busca es flexibilizar el acceso a los beneficios fiscales.

También se prevé redefinir los indicadores de descentralización, aumento de exportaciones y fomento a la innovación, junto con la incorporación de nuevos indicadores sectoriales. Las empresas deberán cumplir con los indicadores comprometidos por tres ejercicios. Antes el plazo era de 5 años, según dice el decreto.

La visión del gobierno

“Era un decreto muy solicitado a nivel de las distintas empresas de todos los rubros, industria, comercio, agro y turismo. Da beneficios tributarios muy importantes que consideramos va a llevar a una mejora de la inversión. La situación sanitaria en Uruguay ha generado que esté en el radar también de inversores del mundo. En el ministerio hemos tenido muchos contactos con empresas que están pensando en instalarse”, afirmó el viernes pasado en el Parlamento el subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza.

El gobierno busca dinamizar el crecimiento económico y como objetivo final aumentar el empleo. La medida se suma a otras anunciadas en los últimos meses, como el nuevo marco para la promoción de vivienda promovida (ex interés social) e innovaciones tributarias que favorecen a las empresas más pequeñas (literal E).

Las autoridades apuntan a aumentar en 50 mil la cantidad de puestos de trabajo en el plazo de un año, según las proyecciones incluidas en el proyecto de ley de Presupuesto. De cara al cierre de 2024 el gobierno proyecta que la población ocupada sea de 1,7 millones, lo que implica un aumento de casi 130 mil personas respecto a los números de 2019.

“Estamos trabajando con un escenario base de recuperación de la inversión. (…) En materia de empleo -esto es fundamental para nosotros-, el foco de la política económica es que se dé ese aumento. Al final del día, la vara con la que deberían medir a este equipo económico tiene que ver con si logramos que aumente el empleo a niveles como los que estamos presentando”, señaló días atrás en la Comisión de Hacienda de Diputados la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

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