Domingo  07 de Junio de 2020

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la cámara nacional de apelaciones en lo contencioso administrativo federal

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

1. Procedimiento. Procede el amparo por mora a fin de que el Fisco resuelva el recurso interpuesto en virtud del artículo 74 del Decreto 1397/79.

Causa: "Banco de Valores S.A. C/DGI", Sala I, 2.5.19.

La actora interpuso recurso de amparo por mora, en los términos del art. 182 de la Ley N° 11.683, con el objeto de requerir a la AFIP que se expidiera con relación al recurso de apelación presentado conforme con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79 del PEN, contra una intimación anterior cursada por el propio organismo.

El Tribunal Fiscal declaró improcedente el recurso interpuesto, al sostener que: a) No existía un "trámite o diligencia" a cargo del ente recaudador que habilitara la procedencia de la vía preventiva intentada, de conformidad con los requisitos exigidos en el mencionado artículo 182; b) En atención a la vía procesal adoptada por la actora, era la propia regulación contenida en dicho artículo 74 la que, remitiendo a la Ley N° 19.549, creaba el "iter" recursivo para que la pretensión de la contribuyente resultara satisfecha ante el silencio emanado de la Administración y, por ello, no resultaba vulnerado su derecho a un pronunciamiento; y c) En consecuencia, no se advertía perjuicio ya que la pretensión que había hecho valer la actora preveía los mecanismos para obtener una decisión administrativa o judicial.

Disconforme con esta decisión, la parte actora la apeló y, a su vez, la Cámara estableció en su fallo que: a) La primera finalidad perseguida por el recurso en examen era la de permitir la obtención de un pronunciamiento expreso del órgano administrativo demandado, guardando similitud en tal aspecto con el remedio previsto en el artículo 28 de la Ley N° 19.549; b) Ciertamente, el silencio de la Administración carecía siempre de justificación; c) Se trataba de una abstención administrativa frente a una pretensión que estaba obligada a resolver; d) No cabían dudas pues de que, en tales casos, más que de silencio de la Administración habría que hablar de retardo; e) El incumplimiento de dicho deber de acción habilitaba al interesado a esperar que la Administración se pronunciara o, si lo estimaba más conveniente, accionar administrativa o judicialmente; y f) Así pues, la finalidad del recurso de amparo por mora era obtener un pronunciamiento expreso de la Administración ante una petición formulada y, por ende, el incumplimiento a dicho deber de acción constituía una conducta irregular que habilitaba su viabilidad, entre otros remedios, ya que resultaba facultativo de los particulares optar por la vía que considerasen más beneficiosa a sus intereses.

Consecuentemente, la Cámara revocó la sentencia apelada y fijó un plazo de 20 días hábiles administrativos para que la AFIP dictara resolución en este trámite.

2. Infraccional. Multas por omisión. Pedido de mayor reducción de las sanciones en virtud del dictado de la Ley 27.430. Rechazo del planteo de aplicación del principio de ley penal más benigna conforme a una interpretación integral de las normas en juego.

Causa: "Inconar S.R.L. C/DGI", Sala I, 8.8.19.

El Tribunal inferior confirmó las resoluciones fiscales en virtud de las cuales se habían aplicado a la actora sendas multas por la presunta omisión del impuesto a las ganancias por los ejercicios 2011 y 2012 y del IVA por los períodos fiscales 12.11, 12.12 y 5.13, graduando su "quantum" -en ambos supuestos- en un tercio del mínimo legal, con sustento en los artículos 45 y 49 de la Ley N° 11.683.

Para así decidir, el Tribunal Fiscal consideró que: a) Se encontraban acreditados los elementos objetivo y subjetivo para tener por configuradas las infracciones; b) La responsable había presentado las declaraciones juradas rectificativas a instancias de la inspección conformando las impugnaciones y los ajustes propuestos por la AFIP; c) De esta manera, había aceptado que las presentaciones realizadas al vencimiento legal originaron pagos en defecto de las obligaciones; d) Se observaba un actuar negligente por parte de la responsable, quien había infringido los deberes de cuidado a su cargo; y e) Finalmente, la actora no había acreditado causales eximentes de responsabilidad.

En cuanto aquí interesa, contra dicho pronunciamiento, la parte actora apeló solicitando la aplicación de la Ley N° 27.430 por considerarla "ley penal más benigna". Al respecto, indicó que toda vez que había rectificado sus declaraciones juradas antes de que fuera notificada de la "vista previa", correspondía la reducción de las sanciones en juego a un cuarto del mínimo legal.

Por su parte, la Cámara estableció en su fallo que: a) Acreditados los aspectos objetivo y subjetivo de la infracción, incumbía examinar si correspondía aplicar la Ley N° 27.430 por resultar de mayor lenidad con relación al sistema legal vigente al momento de los hechos; b) No debían efectuarse pautas de comparación "a priori" para determinar en abstracto la norma de mayor benignidad sino que se exigía la aplicación íntegra de las leyes no siendo posible tomar las disposiciones más favorables de una y otra, ya que de ese modo el juzgador estaría creando una nueva, y ello se encontraba vedado; c) En atención a los hechos acreditados en la causa y de conformidad con el régimen consagrado en la Ley N° 27.430, le correspondería a la actora una multa equivalente a un cuarto del 100% del impuesto omitido; d) En tanto, según las normas vigentes al momento de la comisión de la infracción, le correspondía una multa equivalente a un tercio del 50% del gravamen omitido; y e) En definitiva, una interpretación integral de las normas en juego conducía a concluir que el régimen más benigno era el vigente al momento de aplicación de las sanciones por parte del Fisco.

De esta forma, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado y rechazó la pretensión de la actora de obtener una mayor reducción de las multas aplicadas.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1. Ganancias. Procedencia de un reclamo de repetición frente a un tributo confiscatorio por falta de aplicación del ajuste por inflación.

Causa: "Banco Itaú Argentina S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 30.10.19.

El referido contribuyente promovió un recurso por retardo en la resolución de un reclamo administrativo de repetición del Impuesto a las Ganancias del ciclo fiscal 2016.

La solicitud del recurrente se basó en que, a su juicio, se abonó de más el citado gravamen por haber sido el mismo confiscatorio al haberse demostrado que el tributo abonado superó el 55% de la utilidad exhibida en el estado de resultados ajustados por inflación y, a su vez, se superaba el 62% del resultado impositivo que resultaba de incorporar el ajuste por inflación regulado en las normativa del mentado gravamen.

En definitiva, el eje del debate estuvo dado en determinar si le asistía la razón (o no) al reclamante en el entendimiento de que quedó probada la alegada confiscatoriedad en virtud de la prohibición legal de aplicar al denominado "ajuste por inflación".

El Tribunal Fiscal, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Analizó la secuencia procesal del conflicto dado que el reclamo se inició en sede administrativa el 11.10.17 y el recurso por retardo se articuló el 27.12.17; b) Precisó que, en la materia en debate, debía acreditarse la confiscatoriedad derivada de la no aplicación del ajuste por inflación; c) Determinó que el principio de no confiscatoriedad, reconocido doctrinaria y jurisprudencialmente, era una derivación del derecho de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional que inhibe que los tributos entrañen una confiscación, es decir, una absorción sustancial del patrimonio y/o de la renta del particular; d) Explicó que el Alto Tribunal, en su historia institucional, no estableció criterios rígidos y precisos para determinar la confiscatoriedad debiéndose examinar cada caso en particular; e) Citó el antecedente "Candy S.A. C/AFIP y otro S/Acción de amparo" del 3.7.09 (Fallos 332:1571) tendiente avalar su tesitura; f) Examinó el informe pericial contable poniéndose de manifiesto que el mismo no ha sido cuestionado por el organismo recaudador; g) Cotejó la diferencia existente entre el tributo declarado -sin aplicar el ajuste por inflación- y el gravamen –considerando la aplicación del mentado ajuste- importó una diferencia sustancial que demostró, en forma indubitable, la desproporción existente entre ambos criterios habiéndose configurado la confiscatoriedad rechazada por la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal actuante a aceptar la posición del particular haciendo lugar al pedido de repetición promovido y, por lo tanto, este pronunciamiento fue adverso al erario.

2. Procedimiento. Nulidad de multa por falta de congruencia.

Causa: "Neopop S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 30.10.19.

El particular apeló el acto administrativo que dispuso la aplicación de una multa con sustento en el artículo 45 de la ley ritual.

El foco del debate estuvo dado en si las anomalías incurridas por el Fisco durante su actuación en sede administrativa contaban con la entidad suficiente como para infringir el derecho de defensa del recurrente.

Al respecto, el Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Examinó con cuidado los antecedentes del caso; b) Concluyó que medió una flagrante contradicción entre el hecho que motivó el ajuste fiscal (deducción improcedente del Impuesto a las Ganancias en el Estado de Resultados del Balance) y el suceso que provocó la imputación de la infracción (impugnación de gastos por operaciones efectuadas con proveedores presuntamente apócrifos); c) Expresó que dicha discrepancia fue invocada por el particular en el curso del sumario y no fue ponderada por la AFIP en el acto administrativo apelado; y d) Consideró que tales irregularidades tenían la convicción como para afectar el derecho de defensa del particular.

En síntesis, el Tribunal competente declaró la nulidad del acto administrativo impugnado y, por ello, este pronunciamiento fue contrario a los intereses de la autoridad recaudadora.

3. Procedimiento. Viabilidad del incidente del beneficio de litigar sin gastos para una persona jurídica.

Causa: "Les Yeux S.A. C/AFIP-DGI S/Incidente", Sala "C", 5.11.19.

El contribuyente del epígrafe, en su momento, promovió un incidente del beneficio de litigar sin gastos fundado en la carencia de los fondos necesarios para sufragar los gastos procesales resaltándose que la incapacidad económica no debía ser confundida con dificultades financieras, problemas de liquidez o, eventualmente, una situación concursal.

El Tribunal competente, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Expresó que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto de excepción cuya finalidad es permitir a los litigantes, que carecen de recursos o imposibilitados de obtenerlos, a acceder a los organismos judiciales y/o jurisdiccionales en defensa de sus derechos; b) Este remedio no era únicamente aplicable a las personas físicas sino también a las jurídicas en la medida en que estas últimas no puedan afrontar los gastos derivados del proceso; c) Examinó la figura prevista en el artículo 79, inciso 2°, del CPCCN a la luz del presente caso; d) Evaluó la prueba informativa producida en el proceso donde tres instituciones bancarias reportaron que el apelante era titular de sus cuentas que tenían un rol operativo; e) Ponderó también que la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza informó, en la causa, que el apelante estaba inhibido para disponer de sus bienes; y f) Coligió que la prueba producida permitía advertir que el patrimonio del contribuyente, constituido por bienes registrables y depósitos bancarios, al estar inhibido le impedía hacer frente a los gastos derivados del proceso.

Las causas expuestas llevaron al Tribunal actuante a admitir el beneficio oportunamente peticionado con costas por su orden.

4. Procedimiento. Nulidad de resolución por no considerar descargo en un caso de responsabilidad solidaria.

Causa: "Sgroi Salvador C/AFIP-DGI", Sala "A", 26.11.19.

El mentado contribuyente apeló el acto administrativo que contenía una determinación de oficio inherente al Impuesto al Valor Agregado por distintas posiciones mensuales de los años fiscales 2011 y 2012 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa del artículo 45 de la Ley N° 11.683 en su condición de responsable solidario por ser parte integrante del órgano de administración de "Herboplata de Argentina y Compañía SRL" –responsable por deuda propia-.

En lo que aquí interesa señalar, el particular interpuso una excepción de nulidad por interpretar que se había infringido su derecho de defensa en juicio al no considerar el Fisco Nacional el descargo presentado en sede administrativa.

El Tribunal actuante, en voto dividido y con la mayoría conformada por los Dres. Guzmán y Marchevsky, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Puso de manifiesto que el procedimiento administrativo era un conjunto de actos sistemáticos establecidos por ley y que resultaban necesarios para el desenvolvimiento de la actividad estatal; b) Precisó que era imprescindible la búsqueda de la verdad material así como el debido respeto de las reglas preestablecidas para asegurar el derecho de defensa del administrado; c) Examinó el artículo 1° de la Ley N° 19.549 y concluyó que el principio del informalismo sólo era aplicable a favor del particular -y no así para la Administración Pública-; d) Ponderó que, si bien la presentación del particular fue sumamente escueta, la misma permitía determinar colegir cuál era el foco del debate y ello no fue evaluado por la AFIP al momento de dictar el acto administrativo respectivo; e) Entendió que, durante el proceso administrativo, mediaron dificultades prácticas dado que, por un lado, el organismo instructor tenía domicilio en la Provincia de San Juan en tanto que el recurrente lo tenía en la Provincia de Buenos Aires (Ciudad de La Plata); y f) Apreció que, en la especie, el Fisco no tuvo en cuenta que el apelante informó la cesión y transferencia de sus acciones de la sociedad a otra persona física y, por lo tanto, tal situación configuró una falta de consideración del descargo presentado en sede administrativa lo que implicó una transgresión al derecho de defensa que invalidaba el acto administrativo emanado del ente impositor.

De esta manera, el Tribunal competente declaró la nulidad de la resolución apelada y, por consiguiente, esta decisión fue favorable al particular.

(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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