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Los cambios en la relación entre el contrato de trabajo y la jubilación

La ley de reforma jubilatoria modificó la movilidad de las prestaciones previsionales y también introdujo cambios sobre los aspectos de la relación entre jubilación y contrato de trabajo. Cuáles son los puntos a tener en cuenta por los empleadores  y que facultades tienen.

Los cambios en la relación entre el contrato de trabajo y la jubilación

En nuestro país la modalidad contractual común que vincula al trabajador con el empleador es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, cuya duración teórica se prolonga hasta que el trabajador "se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y de años de servicios" (Ley de contrato de trabajo, artículo 91) Sin embargo, ambas partes o cualquiera de ellas pueden finalizar la relación laboral mediante algún medio admitido por la ley: renuncia, despido o extinción por mutuo acuerdo, antes del término teórico señalado, situación prevista mediante la salvedad formulada en la última parte del artículo 91 de la Ley de contrato de trabajo (LCT), que expresa: "salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la presente ley".

La ley disponía que "Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la Ley 24241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo, hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por el plazo máximo de un año. Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales (LCT, artículo 252, párrafos primero y segundo, texto según la Ley 24347). El legislador facultó al empleador para intimar al trabajador cuando éste reuniera los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones previstas por la ley jubilatoria. Sin embargo, una norma reglamentaria de la Ley de jubilaciones 24241, acotó la posibilidad al supuesto en que el trabajador pueda acceder a la prestación básica universal. En efecto, el Decreto 679/95 estableció que "El empleador podrá hacer uso de la facultad otorgada por el artículo 252 del régimen de contrato de trabajo cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) salvo el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley 24241" (artículo 5° del decreto citado). Los requisitos para acceder a la PBU establecidos por el artículo 19 de la Ley 24241 son los siguientes: 1.- Edad: 65 años el hombre, y 60 años la mujer, aunque ésta puede optar por continuar su actividad laboral hasta los 65 años, opción a la que la habilita el segundo párrafo del artículo 19 de la ley citada. 2.- Tiempo de servicios: 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.En consideración a las actividades desarrolladas por ciertos trabajadores, las que implican riesgo para la salud, se cumplen en condiciones insalubres u ocasionan un agotamiento prematuro, han sido establecidos diversos regímenes previsionales diferenciales que determinan menores requisitos de edad y a veces también de tiempo de servicios para acceder al beneficio jubilatorio.La Ley 27426 (B.O. 28/12/17), de Reforma Previsional, vigente a partir del 29/12/17, día siguiente al de su publicación (artículo 11 de la citada ley), modificó la movilidad de las prestaciones previsionales y también introdujo cambios sobre aspectos de la relación entre jubilación y contrato de trabajo, que motivan el siguiente análisis.

1. Modificación de la facultad del empleador de intimar al trabajador a iniciar el trámite jubilatorio

La nueva ley cambia los requisitos para la procedencia de esa intimación del empleador, que tendrá como efecto, la extinción del contrato de trabajo cuando el trabajador obtenga el beneficio o haya transcurrido cierto plazo después de efectuada la misma. El nuevo texto eleva significativamente la edad que debe tener el trabajador para la eficacia de la intimación. Este desplazamiento del umbral que permite al empleador intimar, está acompañado con el requerimiento de los años de servicios con aportes que permitan al trabajador obtener la PBU.

El nuevo texto del artículo 252 de la LCT expresa: "A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un (1) año"(primer párrafo).La norma implica una modificación al criterio relativo a la duración teórica del contrato por tiempo indeterminado. El artículo 91 de la LCT estableció que este contrato dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social, por límites de edad y años de servicio, salvo que se configuren algunas de las causales de extinción previstas en la ley. En armonía con ese criterio, la ley facultaba al empleador a intimar al trabajador para iniciar el trámite previsional, cuando el trabajador reuniera las condiciones para obtener una de las prestaciones de la ley jubilatoria (24241). Como se expresó, el Decreto 679/95, reglamentario de la Ley 24241, restringió la posibilidad de intimar al supuesto en que el trabajador reúna las condiciones exigidas para acceder a la prestación básica universal (PBU). El texto modificado del artículo 252 restringe la facultad del empleador, que solo podrá intimar cuando el trabajador cumpla 70 años de edad y reúna los requisitos para acceder a la prestación mencionada. Si bien la aclaración no parece necesaria, el texto legal comprende ambos géneros. El sustantivo "trabajador" está utilizado como masculino genérico, que se emplea cuando no es necesario hacer diferencias de sexos, por lo que indica a hombres y a mujeres. Al elevar la edad a 70 años, la reunión de los requisitos para acceder a la prestación básica universal se atenúa, pues al haber un exceso de edad respecto de la requerida para jubilarse serán exigidos menos años de servicios con aportes. Serán 27 años y medio en el caso de los varones y 25 años en el caso de las mujeres, pues la ley jubilatoria establece "Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes" (Ley 24241, artículo 19).

La norma reglamentaria posibilita que la intimación se realice cuando el empleador compruebe que el trabajador tenga, además de la edad indicada (70 años), el derecho a obtener la PBU, constatación que surgirá de la información que deberá brindar ANSES al empleador, a su requerimiento. En este sentido, dispone que "El empleador que pretenda hacer uso de la facultad establecida por el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, requerirá la información necesaria de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a fin de constatar el derecho que le asista al trabajador para obtener la Prestación Básica Universal (PBU), conforme lo establecido por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias. La citada Administración Nacional deberá instrumentar un mecanismo expedito para brindar la información mencionada a los empleadores, respecto de los trabajadores a su cargo" (Decreto 110/2018, Anexo I, artículo 5°).

La Reforma Previsional mantiene los efectos de la intimación, pues al respecto no varía la redacción de la norma anterior. La norma dispone que "Concedido el beneficio o vencido dicho plazo (se refiere al plazo de un año), el contrato quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales" (LCT, artículo 252, párrafo tercero). Agrega que la intimación referida "implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo" (LCT, artículo 252, párrafo final).

Sin una necesidad que justifique el enunciado normativo, la ley dispone que la facultad del empleador (de realizar oportunamente la intimación) "no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad" (LCT, artículo 252, párrafo segundo).

2. Intimaciones cursadas antes de la vigencia de la reforma

La Ley 27426 entró en vigencia el 29/12/2017, el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Como se refirió, modifica la edad a la que el empleador puede intimar al trabajador, que tenga los años de servicio con aportes requeridos para obtener la PBU. Surge la cuestión de si este cambio normativo afecta la continuidad y eficacia de intimaciones anteriores realizadas bajo la norma antecedente, respecto de las que estaba en curso el plazo de mantenimiento de la relación laboral por no haber obtenido aún el trabajador el beneficio jubilatorio. El decreto reglamentario 110/2018 (B.O. 8/02/18) establece una norma relativa al tema. El artículo 4° del Anexo I del decreto citado, reglamenta el artículo 7° de la Ley 27426, dispone que "Los plazos previstos en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, que hubieran comenzado a transcurrir con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley N° 27426, quedarán sin efecto". En consecuencia, el empleador que remitió la intimación al trabajador para que inicie el trámite jubilatorio y le entregó los certificados previsionales necesarios para comenzarlo, y el plazo de la conservación del empleo se encontraba en curso al tiempo de la entrada en vigencia de la modificación legal, debería reiterar la intimación cuando el trabajador cumpla los requisitos indicados por la reforma, de la que resalta el nuevo requisito de la edad de 70 años. Debe concluirse que, en realidad, lo que queda sin efecto es la intimación misma, en virtud de la norma reglamentaria. Puede surgir en controversias judiciales la cuestión relativa al exceso del ejercicio de la facultad reglamentaria pues una disposición de este tipo, por sus efectos, debió haber integrado el texto legal.

3. Exención parcial de contribuciones

La Ley 27426, en su artículo 8°, dispone una exención parcial de contribuciones del empleador a partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal establecida en el artículo 17, inciso a) de la Ley 24241. En ese supuesto, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y respecto de las contribuciones patronales, solamente las destinadas al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo (Ley 24557).

En consecuencia, el empleador no ingresará por ese trabajador, las restantes contribuciones de seguridad social. Pero la aplicación de esta norma requiere que haya alguna forma de verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la PBU. El empleador conoce la edad del trabajador pero salvo que los años de servicios necesarios se hubieran desarrollado en la misma empresa, no conocerá de manera fidedigna, si el trabajador reúne el tiempo de servicio con aportes exigido por la ley. Ante la necesidad de establecer una forma de verificación que permita determinar el cumplimiento del requisito, el Decreto 110/2018 (B.O. 8/02/18) faculta a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo a establecer las normas aclaratorias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 27426. También faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) a establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas operativas para efectivizar el acceso del empleador al beneficio previsto por la citada norma legal (Decreto 110/2018, Anexo I, artículo 5°).

 

La exención de contribuciones al sistema de seguridad social en ciertos casos puede tener un efecto perjudicial para el trabajador, ya que dejaría de percibir asignaciones familiares a las que pudiera tener derecho, por ejemplo por tener un hijo discapacitado, al no haber contribuciones al subsistema de asignaciones familiares, que es contributivo (Ley 24714, artículo 1°, inciso a; Decreto 1245/96, artículo 6°).

4. Trabajador jubilado que continúa la prestación de servicios

La ley jubilatoria permite la continuación del trabajo dependiente prestado por un trabajador que haya obtenido la jubilación ordinaria. Con un criterio acorde al que ya había establecido la jurisprudencia, la reforma previsional, incorpora un agregado al artículo 253 de la LCT que regula el cómputo de la antigüedad, a los efectos indemnizatorios, del trabajador titular de un beneficio previsional que vuelve a prestar servicios en relación de dependencia para el mismo empleador. La norma dispuso que en ese supuesto "solo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese", por lo que se planteaba si la previsión normativa presuponía la extinción del contrato y un reingreso posterior. El fallo plenario 321 en autos "Couto de Cappa, Irene c/ Areva S.A. s/ Ley 14546" (CNTrab, 5/06/2009) estableció que "Es aplicable lo dispuesto por el artículo 253 último párrafo LCT al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador". En el mismo sentido, la SCBA en el fallo "LiptakGhiloni" del 5/05/2010 resolvió que en virtud del artículo 253 de la LCT, sólo resulta computable - a los efectos de la indemnización por despido - la antigüedad acumulada por el trabajador con posterioridad a la obtención del beneficio previsional. Así, se extendió la solución normativa prevista para el reingreso del jubilado al supuesto de la continuidad de la prestación de servicios por el trabajador que obtuvo el beneficio previsional.

La Reforma Previsional incorpora un último párrafo al artículo 253 de la LCT que lleva a la letra de la ley la interpretación judicial mencionada. El párrafo incorporado expresa que "También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo" (Ley 27426, artículo 9) El cómputo de la antigüedad acotado al tiempo posterior a la fecha del acuerdo de la prestación, se utiliza para determinar la indemnización en el caso de un despido ulterior del trabajador jubilado. El Decreto reglamentario 110/2018 dispone que "la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá proporcionar al empleador una copia de la Resolución por la que se otorga el beneficio al trabajador, pudiendo hacerlo a través de medios electrónicos" (artículo 6° del Decreto citado).

La norma reglamentaria extiende la solución adoptada por el tercer párrafo del artículo 253 de la LCT, al disponer que esta parte de la norma legal "También es aplicable al trabajador titular de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, establecida en la Ley 27260", Esa extensión parece concretar otro exceso de facultades reglamentarias, también generador de posibles controversias judiciales futuras, pues esa pensión es una prestación no contributiva que no requiere invocación de servicio alguno.

5. Exclusión

Las reformas mencionadas, dispuestas en el Capítulo III de la Ley 27426, bajo la leyenda "Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse", no son aplicables a los trabajadores del sector público. El artículo 10 de la ley mencionada, los excluye de lo establecido en el referido capítulo, "aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la Ley de contrato de trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias".

 

 

(*) El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Laboral de ARIZMENDI.

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Comentarios3
Ferran Osvalo
Ferran Osvalo 05/03/2018 10:11:08

Muy bien explicado !!

Mc GRATH Carlos
Mc GRATH Carlos 04/03/2018 10:20:06

que empresa salvo el estado va tener un empleado hasta los 70 años en una linea productiva, de deshace de los mismo mucho antes, porque no es productivo, estas reformas solo crean mas daño a la sociedad

Jose Cateac
Jose Cateac 04/03/2018 07:27:47

y los rurales que se jubilan por ley a los 57 años???????