Viernes  19 de Junio de 2020

La Corte Suprema ratificó la legitimación de los hoteleros para cuestionar el impuesto al turismo

Los hoteleros de Bariloche funcionan como agentes de recaudación de la "ecotasa", creado en 2017.

La Corte Suprema ratificó la legitimación de los hoteleros para cuestionar el impuesto al turismo

En autos “CANTALUPPI, SANTIAGO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE S/ACCION DE INSCONTITUCIONALIDAD EXPEDIENTE CSJN 2606/2017” la Corte Suprema de Justicia la Nación reconoció la legitimación activa de los titulares de establecimientos hoteleros barilochenses para cuestionar la constitucionalidad de la “ECOTASA”.

Dicho tributo fue creado por el Municipio de San Carlos de Bariloche en el año 2017 y grava el pernocte diario de los turistas en establecimientos hoteleros y campings; incrementándose la tasa en función de la categoría del hotel elegido por el visitante que recibe la ciudad. El legislador municipal indicó a los turistas que pernoctan en la ciudad como sujetos pasivos de la obligación tributaria (quienes deben afrontar el costo del tributo) y a los responsables de establecimientos hoteleros como agentes de recaudación, estableció los plazos para el ingreso del gravamen y las multas que corresponde aplicar en caso de incumplimiento de las cargas fiscales. 

La demanda fue iniciada ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, como instancia originaria, conforme las prescripciones del artículo 793 del Código Procesal local. Los hoteleros cuestionaron que el Municipio violó los límites impuestos por el ordenamiento jurídico constitucional, toda vez que la ECOTASA no cumple con los presupuestos necesarios para ser una tasa: no se verificaba la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público relativo a algo no menos individualizado del contribuyente (1); el quantum de la tasa no guardaba proporción con el costo que generaba la prestación del servicio que se pretendía solventar (2) y lo recaudado no se destinaba a financiar la prestación del servicio.(3)

El máximo Tribunal de Río Negro sin analizar la cuestión de fondo rechazó la demanda al considerar que los actores no se encontraban legitimados para llevar adelante tal planteo, porque al ser agentes de recaudación no soportaban en forma directa el costo económico del tributo. 

Dicha decisión violentaba a todas luces derechos constitucionales de los titulares de establecimientos hoteleros, como ser el derecho de peticionar ante las autoridades, de ser oído y del debido proceso.(4)

Asimismo la sentencia era contraria a la  consagrada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a lo largo de los años reconoció el interés jurídico que mantienen los agentes de recaudación para controvertir un régimen que le impone obligaciones y/o sanciones legales.(5)

Al respecto es importante resaltar que los agentes de recaudación (retención o percepción) mantienen un interés jurídico personal, real, concreto, cierto e inmediato para cuestionar la los tributos y las normas que los designan como tales.

Si bien los sujetos pasivos del tributo son terceros (en el caso que nos ocupa son los turistas quienes deberían afrontar el costo de la ECOTASA), la realidad impone que sean los agentes de recaudación, tal como su nombre lo indica, quienes deben recaudarlo, formalizar el pago y cumplir con las cargas tributarias que ello implica (presentación de DDJJ, regímenes de información, retención e ingreso de fondos). Incluso deben responder solidariamente con los deudores principales.

En el caso de la ECOTASA, si los turistas no cancelan el tributo, los titulares de los establecimientos hoteleros deben cancelarlo con fondos propios o sufrirán las ejecuciones fiscales que el Municipio inicie para asegurarse el cobro. Asimismo, deben soportar multas en caso de no cumplir con las obligaciones formales y materiales antes indicadas.

Es por lo dicho que los titulares de establecimientos hoteleros tenían un interés jurídico real y concreto. La Corte dio trámite al recurso y remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación, que dictaminó que correspondía hacer lugar a la queja y admitir la legitimación activa de los actores para demandar. 

Para así concluir, la Procuradora analizó con detalle las normas de la ordenanza cuestionada que erigen a los titulares de establecimientos hoteleros como agentes de percepción, resultando responsables solidarios por deuda ajena, debiendo soportar o tolerar el ejercicio de facultades de verificación y fiscalización por parte del órgano recaudador local, bajo apercibimiento de recibir sanciones ante su inobservancia.

Tales obligaciones, a criterio de la Procuradora “tornan inadmisible que se excluya a los recurrentes de la presente causa, pues por sí solas evidencian el interés jurídico que poseen en impugnar el régimen cuestionado (Fallos: 318: 1154: 320: 1302, entre otros)”. Por ello concluyó: “la sentencia apelada resulta arbitraria porque al cercenar en forma definitiva la legitimación activa de los actores para promover este juicio, prescindió del régimen normativo local aplicable al sub lite.” 

El día 11/06/2020, la Corte Suprema haciendo suyo lo dictaminado por la Sra. Procuradora Fiscal hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro.

Con tal decisión la causa continuará su trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que con una nueva composición tendrá una vez más la oportunidad de analizar la constitucionalidad de la Ecotasa y la extensión de las facultades tributarias de los municipios que integran la Provincia. 

Es importante resaltar que con el fallo analizado la Corte dejó sin efecto un precedente local que implicaba un claro cercenamiento a los derechos de los rionegrinos de cuestionar la validez de los tributos locales.

En otros términos, de haber quedado firme la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, los agentes de recaudación de la provincia ya no tendrían legitimación para demandar a la provincia y/o municipios ante la existencia de tributos de dudosa constitucionalidad. Ello hubiese significado un claro retroceso en materia de legitimación procesal tributaria local. 

Tal como expresamos precedentemente, la legitimación activa de los Agentes de Recaudación (percepción o retención) ha sido pacífica y uniformemente reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace ya veinticinco años. En efecto, en el reconocido precedente “Video Club Dreams” (6) mediante el cual se consagró el principio de legalidad tributaria también la Corte se pronunció sobre el tema de la legitimación de los agentes de recaudación y sostuvo que al someterlos a determinadas obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones, estos tienen una clara legitimación para pedir la declaración de inconstitucionalidad de las normas. 

Sin embargo, tal como sucedió ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, dicha doctrina no siempre es considerada y aplicada por los tribunales inferiores. Ello resulta arbitrario y preocupante por dos razones. La primera es que no se reconoce la legitimación procesal de los actores de la relación jurídico tributaria en su justa dimensión; la segunda y mas importante es que se desconoce la autoridad institucional y fuerza moral que mantiene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional.(7)

Es por ello que consideramos muy valioso el fallo analizado, en tanto implica restablecer la doctrina de la Corte y ratificar la legitimación activa de los agentes de recaudación en un contexto actual donde las acciones judiciales son la única herramienta de los contribuyentes para poner límites a una presión fiscal que se incrementa desmesuradamente.

(1)    CSJN Fallos  251-51, 11/10/61, “Cía. Swift dela Plata”, 
(2)    CSJN, Fallos 192:139;234:663; 277:218.
(3)    CSJN, Fallos 312:1575
(4)    artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 793 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro y artículo 207  inciso 1° de la Constitución Provincial de Río Negro.
(5)    CSJN Fallos: 338:1455 “Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires C/ Buenos Aires, Provincia s/Ordinario” y Fallos: 318:1154 “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo”.
(6)     CSJN, Fallos: 318:1154 “Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo” (1995) Fallos: 318:1154, Cita Online: AR/JUR/3301/1995. La cita textual reza: “(…) Dado que el sistema previsto por los decretos 2736/91 y 949/92 (Adla, LII-A, 354; LII-C, 2977) emplaza al actor titular del video club como agente de percepción del tributo creado y, por ende, lo somete a una serie de obligaciones cuyo incumplimiento acarrea sanciones legales, no puede sostenerse, con fundamento en que el mismo no es el obligado al pago, que carezca de legitimación para pedir la declaración de inconstitucionalidad de las normas citadas, pues su situación como agente de percepción revela su interés jurídico en impugnar el régimen cuestionado.” 
(7)    CSJN, Fallos: 337:47, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA C/EN - JGM - SMC S/AMPARO LEY 16986” - A. 925. XLIX. REX- 11/02/2014.
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Las Dras. María Marta Peralta IG: @peralta_loureyro; Twitter: @peraltaloureyro y María Laura Loureyro son Abogadas (UBA), y su página Web es peralta-loureyro.com.ar. Socias del Estudio Peralta – Loureyro Abogadas de la Provincia de Río Negro.

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