Domingo  08 de Marzo de 2020

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Caducidad de plan de facilidades de pago. Principios de interpretación de la ley.

- "Bizzi Berria S.R.L. c/A.F.I.P. s/Impugnación de acto administrativo", sentencia 26 de noviembre de 2019.

La Cámara Federal de Paraná confirmó la sentencia del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay Nro. 2 que admitió el planteo de Bizzi Berria S.R.L. al revocar la resolución del 30 de abril de 2015 por la A.F.I.P. que declaró la caducidad de instancia del plan de facilidades de pago y dispuso continuar ese plan en las mismas condiciones originales.

Para así resolver, la Cámara evaluó que el 30 de septiembre de 2014 la actora regularizó obligaciones impositivas y de seguridad social, que el 21 de octubre de 2014 la A.F.I.P. decretó la caducidad del plan por no cumplir con uno de los requisitos (art. 13, R.G. (AFIP) 3516/13) que exigía mantener un mínimo de dos empleados durante la duración del citado plan y que la caducidad fue impugnada porque la A.F.I.P. no ponderó que la disminución de personal obedeció a que había un contrato de trabajo por tiempo determinado desde el 18 de junio de 2014 hasta el 18 de septiembre de 2014, situación subsanada al contratar a otro trabajador el 4 de noviembre de 2014.

El Tribunal advirtió que la postura fiscal fue desmedida pues, para la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (art. 21, ley 19.549), un acto administrativo caduca cuando la Administración constituye previamente en mora al administrado y le da un plazo suplementario para enmendar el defecto pero, en este caso, se evidencia un excesivo rigor de forma dado que fue subsanado el incumplimiento en un tiempo prudencial.

Contra ese fallo, la A.F.I.P. interpuso recurso extraordinario federal, que fue concedido por existir cuestión federal y denegado por falta de arbitrariedad y de gravedad institucional, lo cual motivó la presentación del recurso de queja directamente ante la Corte.

Para el Máximo Tribunal de la Nación, el recurso es formalmente admisible por involucrar normas federales, la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión del recurrente y los agravios relativos a la arbitrariedad se vinculan a la inteligencia de las normas de modo que son tratados conjuntamente. Aclara que, por discutirse el contenido y alcance de tales normas, no está limitada por los argumentos de las partes o de los Tribunales anteriores (Fallos: 319:2886; 323:1406*, entre muchos otros)

Después de transcribir el texto normativo en cuestión, el Alto Tribunal recuerda que la primera regla de interpretación de la ley es dar pleno efecto a la intención del legislador, que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley y "cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma" (Fallos 311: 1042*). Por ende, ese plan de pagos se aplica a los contribuyentes que cumplan con las condiciones específicas allí fijadas que prevén que, para su adhesión, los empleadores que sean personas jurídicas –como la actora- debían haber exteriorizado como mínimo dos empleados en la declaración jurada del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) relativa "al último período fiscal vencido al mes inmediato anterior al de la presentación del plan de facilidades de pago" (art. 1, R.G. 3516/13).

Más aún, el fallo advierte que si la ley fija una condición a cargo del beneficiario destinada a evitar que disminuya la cantidad de empleados registrados mientras dura el plan de pagos, es porque debe cumplir de modo estricto la norma utilizada. Ello, así, pues optó por acceder a un plan de facilidades de pago que configura un privilegio del cual sólo disfruta el contribuyente incorporado al mismo.

Para la Corte, si la contribuyente se acogió al régimen de pagos aludido, se obligó a cumplir con los requisitos exigidos a fin de obtener el beneficio allí reglado y, por ende, renunció a su derecho a cuestionar con posterioridad la norma (Fallos: 255:216; 307:1582; 327:4360*). No obsta a tal conclusión la circunstancia invocada por la actora sobre el contrato de trabajo por tiempo determinado pues, al momento de regularizar por plan de pagos, ya conocía que el contrato finalizaba el 18 de septiembre de 2014, motivo por el cual tuvo que haber previsto cómo mantener la cantidad de empleados necesarios conforme la norma exigía.

Al respecto, el Alto Tribunal señala que las leyes que consagran regímenes de excepción deben ser interpretadas de manera estricta (Fallos 260:102; 321:751) y, por ende, la sentencia recurrida basada en que la caducidad conlleva un excesivo rigor formal porque el incumplimiento fue subsanado en un "tiempo prudencial" es arbitraria, con fundamento aparente y dogmático que no constituye una derivación razonada del derecho vigente. En esa misma línea, advierte que no hay una redacción descuidada del legislador –quien podría haber fijado un plazo para subsanar cualquier incumplimiento al régimen y no lo hizo- toda vez que "la inconsecuencia del legislador no se presume" (Fallos: 319:2249*).

Por tanto, se admite la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto el fallo recurrido, devolviendo el expediente al Tribunal de origen para dictar una nueva sentencia conforme el presente. Con costas.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO - CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ejecución fiscal. Manifiesta inexistencia de deuda. Pago a cuenta de tributos. Inconstitucionalidad de notificación al domicilio fiscal electrónico.

- "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Berezovsky, Ruben Francisco s/ejecución fiscal- Ingresos Brutos", Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Sala III, sentencia 8 de noviembre de 2019.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia un juicio ejecutivo contra Berezovsky Ruben Francisco para cobrar Anticipos 2 a 12, período fiscal 2017, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, intereses y costas, basado en una norma del Código Fiscal vigente (art. 195, texto ordenado 2018) según la cual si el contribuyente no presentó las declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales o anticipos, la Administración porteña debe emplazarlo a que en el plazo de quince días las presente e ingrese el impuesto y, de no regularizar, queda facultada para requerir judicialmente el pago (a cuenta del gravamen que, en definitiva, deba ingresar) de una suma equivalente al impuesto determinado o al anticipo más próximo y, de existir dos períodos o anticipos equidistantes, se toma el que arroje mayor tributo.

Intimado de pago, el demandado opone excepción de inhabilidad de título y, en subsidio, alega no adeudar ninguna suma pues el giro comercial de su emprendimiento nunca pudo generar el impuesto estimado administrativamente, aclarando que tenía un saldo a favor.

La Jueza de primera instancia rechaza la excepción, manda llevar adelante la ejecución fiscal y dice que la actora acompañó un informe en donde consta que la intimación administrativa fue del 3 de abril de 2018, a las 2,42 horas, en el domicilio electrónico del contribuyente, notificación que negada por el nombrado quien ofrece una pericia informática para demostrar la falta de notificación.

Se funda en que el Gobierno demostró someramente haber cumplido con el procedimiento previo al juicio ejecutivo y no admite la prueba propuesta por el demandado pues evidencia que el vicio denunciado no es manifiesto. A su vez, aclara que esa denegatoria de prueba en el proceso ejecutivo no vulnera el derecho de defensa porque la sentencia dictada en el marco de este juicio no impide al contribuyente defenderse en un proceso de conocimiento posterior. Concluye que la boleta de deuda no tiene vicios en sus formas extrínsecas ni en el procedimiento previo.

El ejecutado apela el fallo de primera instancia, plantea la inconstitucionalidad de las normas sobre notificación electrónica y se agravia por no haber recibido nunca la intimación fiscal, situación que el Gobierno local debió haber acreditado de modo fehaciente y que la única prueba válida es la pericial informática denegada.

La mayoría de la Sala III de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por la Dra. Seijas y el Dr. Zuleta, afirma que en la ejecución fiscal es posible plantear la defensa de manifiesta inexistencia de deuda pues pone en tela de juicio la obligación tributaria, sin cuya exigencia no existe título hábil. Según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales deben evitar un excesivo rigor formal para decidir las causas, debiendo dilucidar la verdad jurídica objetiva pues la renuncia a la verdad es incompatible con el servicio de justicia.

La facultad del Fisco local de requerir el pago provisorio de impuestos vencidos debe interpretarse restrictivamente por ser una excepción a la determinación de oficio de las obligaciones impositivas en donde la vista garantiza el derecho de defensa.

Para las tres Salas del Fuero de la Ciudad de Buenos Aires, estas intimaciones constituyen un procedimiento excepcional, con regulación específica (Sala I, en "GCBA c/Soluciones Documentales S.A. s/ejecución fiscal" -EJF 527488/0, del 30/3/2007 y Sala II, en "GCBA c/Aldear Foods S.A. s/ejecución fiscal – Ingresos Brutos, Convenio Multilateral" –EJF 1108932/0 del 5/8/2014). Advierte que la norma invocada prevé un régimen de pago a cuenta de las obligaciones tributarias que constituye una herramienta excepcional, de aplicación restrictiva y, en caso de duda, se resuelve a favor del administrado pues la falta de prueba contundente sobre la notificación del emplazamiento previo obsta al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.

Para la actora, el emplazamiento previo se realizó a través del procedimiento de notificación electrónica al domicilio fiscal electrónico con idénticos efectos que el domicilio fiscal (art. 10, Res. 405/16 reglamenta art. 22 Código Fiscal, t.o. 2018) y exige que la constancia impresa de notificación emitida por el aplicativo con todos los datos pertinentes (del contribuyente, CUIT, fecha de disponibilidad en el sistema, resolución) esté agregada a los antecedentes administrativos, constituyendo prueba fehaciente (arts. 11 y 13, Res. 405/16).

La obligación de notificar por medio electrónico no puede incluir el pago a cuenta reclamado en esta ejecución fiscal por configurarse una clara situación de indefensión. La vinculación entre el derecho de defensa y la notificación es innegable en el procedimiento administrativo, destacando la rapidez, seguridad y ahorro de recursos que representan las notificaciones electrónicas frente a los sistemas tradicionales pero esta indudable eficacia no debe implicar una restricción a las garantías del obligado tributario.

La intimación fehaciente para habilitar el procedimiento excepcional de pago a cuenta de impuestos vencidos por falta de presentación de declaraciones juradas no puede ser cumplido por notificación al domicilio fiscal electrónico pues es el interesado quien tiene que acudir a la sede electrónica de la Administración para notificarse, alterando irrazonablemente el equilibrio entre la eficacia administrativa y el respeto a las garantía de las personas. Así, es excesivamente formal el criterio del fallo anterior porque no hubo emplazamiento previo.

Por mayoría (1), la Sala revoca el fallo, declara inconstitucional la Res. 405/16, hace lugar a la inhabilidad de título, costas en ambas instancias a la actora por el principio objetivo de la derrota.

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