Lunes  10 de Junio de 2019

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Incompetencia originaria. Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen regulatorio de la Industria y comercialización de Gas licuado de Petróleo. Intervención previa de la justicia provincial.

- “Recurso de hecho deducido por la Provincia de Buenos Aires en la causa Dolores Gas S.A. y otro c/Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires s/proceso de conocimiento”, sentencia del 14 de mayo de 2019.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que rechazó la excepción de incompetencia planteada por la Provincia de Buenos Aires y, en su contra, la parte actora interpuso recurso extraordinario federal que, al ser denegado, motivó la presentación del recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sentencia recurrida se fundó en que la demanda fue iniciada en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (1) contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en virtud del procedimiento de determinación de deuda por el Impuesto sobre los ingresos brutos a partir de una base imponible que sería contraria a la ley 26.020 (B.O.: 8/4/2005) relativa al Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. Por ello, la Sala III consideró que la Provincia de Buenos Aires no era parte sustancial en la litis al no haber una norma provincial genérica en pugna con el régimen federal citado sino se trataría de un comportamiento concreto del ARBA de modo que no corresponde a la competencia originaria del más Alto Tribunal de la Nación.

Al respecto, la Corte advierte que si bien el fallo impugnado resuelve una cuestión de competencia en donde no media denegación del fuero federal, lo cierto es que se verifica una circunstancia excepcional que permite equiparar esa sentencia interlocutoria a una definitiva por afectar una específica prerrogativa o privilegio federal que no puede ser reparado ulteriormente, privando a la Provincia de Buenos Aires -con fundamentos procesales y en contra de su voluntad- de litigar ante la jurisdicción originaria de esa Corte (art. 117, Constitución Nacional).

Para la Sra. Procuradora Fiscal, este proceso corresponde a la competencia originaria de ese Alto Tribunal no sólo porque el Estado provincial es parte sustancial sino por los términos de la demanda en donde la actora invocó, como argumento principal, que impugnaba la pretensión fiscal expresada en una Disposición Delegada contraria a una norma federal (ley 26.020) y a la Constitución Nacional (art. 75, incs. 18 y 19).

La Corte Suprema, basada en sus precedentes (Fallos 332:1422 y 333:1446*, entre otros), entiende que el objeto de esta acción se vincula con la potestad y la obligación tributaria, aspectos que exceden la función recaudatoria inherente a la Administración fiscal provincial y, por ende, la Provincia de Buenos Aires tiene interés directo en el pleito, como parte sustancial, sin perjuicio de la autarquía del ARBA. No obstante ello, advierte que la jurisdicción originaria en razón de la materia sólo procede si la demanda se funda directa y exclusivamente en normas constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso Nacional o Tratados de manera que la cuestión federal sea la predominante en la causa (Fallos: 311:1588; 322:1470*, entre muchos otros), quedando excluidos los procesos en donde también se planteen conflictos locales que traigan aparejada la necesidad de su ponderación o que exijan aplicar normas locales o se trate de examinar o revisar actos administrativos de autoridades provinciales, legislativos o judiciales locales. Ello, así, pues el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión de las causas relativas a cuestiones propias del derecho provincial. Aquí, se configura una de esas situaciones pues el planteo exige interpretar, aplicar y establecer el alcance de una norma del Código Fiscal provincial vigente (2), siendo la propia actora quien reconoce que esa norma local regularía supuestos análogos durante los mismos períodos objeto de determinación a tal punto que resulta de “aplicación inevitable” por establecer la base imponible involucrada que “… estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos: a) Comercialización de combustibles derivados del petróleo, con precio oficial de venta, excepto productores.. “ y que el Gas licuado de Petróleo que distribuye posee un precio determinado oficialmente, según expresa en su demanda.

Para el Máximo Tribunal, por mayoría (3), sólo con el resultado obtenido de tal labor hermenéutica correspondería, eventualmente, determinar el alcance de la norma federal que se pretende hacer valer y sobre cuya base se pide que se declare –igual que conforme la disposición local transcripta- que los únicos ingresos que pueden gravarse con el impuesto provincial son los que surgen de la diferencia entre los precios de compra y de venta del producto. Agrega que el examen de la norma local obliga a aplicar la tradicional doctrina de esa misma Corte frente a aquellos procesos en donde se intenta radicar ante su jurisdicción originaria, según la cual si la ley, el decreto, etc., son violatorios de instituciones provinciales y nacionales debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial y, en su caso, llegar al Máximo Tribunal de la Nación por la vía del recurso extraordinario (4). De este modo, se protegen los legítimos fueros de las entidades que integran el gobierno federal, dentro de su normal jerarquía ya que carece de objeto llevar a la justicia nacional una ley o un decreto que, en sus efectos, pudieron ser rectificados por la magistratura local (Fallos: 289:144; 292:625; 311:1588, causa “La Independencia Sociedad Anónima de Transportes”, Fallos: 329:783*).

En consecuencia, la Corte, por mayoría (3), declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y revoca la decisión apelada, con costas, ordenando reintegrar el depósito efectuado (5).

Competencia originaria. Tributo municipal “Ecotasa”. Ley de Coparticipación Federal y Ley de I.V.A.

- “Estado Nacional c/Río Negro, provincia de y otra s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 16 de abril de 2019.

El Estado Nacional promueve acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro para que se declare la inconstitucionalidad del art. 362 de la Ordenanza Fiscal 2809-CM-16 de dicha Municipalidad que creó el tributo denominado “Ecotasa”, por entender que viola la Constitución Nacional (arts. 16, 17, 31, 75, inc. 2° y concordantes), la ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548, la ley provincial 2226 y la ley del Impuesto al Valor Agregado, como también las obligaciones asumidas por la provincia por sí y en nombre de la Municipalidad al adherirse al régimen de la mencionada ley 23.548. Pide que se condene a ambos demandados al cese de su aplicación y cobro, bajo apercibimiento de restringir la redistribución de fondos coparticipables, afirmando que el tributo atacado es exigido por el municipio a los turistas que pernocten en la Ciudad de San Carlos de Bariloche por la prestación de supuestos servicios turísticos y de infraestructura turística, directos e indirectos, y de otros potenciales, que corresponderían a la conservación patrimonial, mejoramiento y protección de sitios y paseos turísticos, y que son agentes de recaudación los establecimientos hoteleros. Agrega que, en realidad, es un impuesto encubierto pues no cumple con el requisito fijado por la doctrina y la jurisprudencia de ese Alto Tribunal para que sea constitucionalmente valida la especie tributaria tasa, es decir, que haya una efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente. Por la ley 23.548, las provincias asumen la obligación de distribuir parte de los fondos que reciben de recaudación de los impuestos nacionales coparticipados con sus municipios (art. 9°, inc. g) y se comprometen, por sí y por sus municipios, a no crear tributos análogos a los nacionales coparticipados, excepto que sean tasas retributivas de servicios efectivamente prestados (art. 9°, inc. b). Así, concluye que la “Ecotasa” no cumple con dicho recaudo por ser análogo I.V.A. que grava a nivel nacional la prestación de servicios hoteleros, generando un supuesto ilegítimo de doble imposición sumado a que la actitud de las demandadas pone en juego el federalismo de concertación y la supremacía legal que debe regir y de la cual el Estado Nacional es veedor.

Finalmente, la actora pide se decrete una medida cautelar destinada a que, hasta que se dicte sentencia definitiva en este caso, la provincia y la Municipalidad suspendan la aplicación de la norma de la Ordenanza Fiscal cuestionada y se abstengan de dictar cualquier acto administrativo en consecuencia a fin de evitar que gravámenes similares a la “Ecotasa” sean establecidos por diferentes municipalidades, en franca violación a compromisos asumidos y principios constitucionales básicos.

Para la Corte Suprema, esta causa corresponde a su competencia originaria (arts. 117, Constitución Nacional y dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal)

Con relación a la medida cautelar solicitada, el Alto Tribunal recuerda su jurisprudencia en cuanto a que la viabilidad de este tipo de cautelares queda supeditada a demostrar la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de la demora. Acerca de las medidas innovativas, observa que constituye una decisión excepcional por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado ya que se trata de un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, exigiendo una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión. Además, el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia tributaria debe ser examinado con particular estrictez y con la necesaria prudencia frente a la presunción de validez de los actos de los poderes públicos y de la consideración del interés fiscal comprometido (Fallos: 319:1069 *).

Aquí, se suma la coinci-dencia sustancial del objeto de la demanda y de la cautelar de manera que el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia definitiva, no correspondiendo acceder a la cautelar pues su admisión excedería el marco de lo hipotético dentro del cual toda medida cautelar agota su virtualidad, exigiendo de los jueces la virtud de la prudencia a efectos de evitar la fractura de los límites que separan una investigación de otra (Fallos: 306:2060*).

La Corte, en mayoría (6), advierte que mantener la situación de hecho no puede influir en el dictado de la sentencia ni convierte su ejecución en ineficaz o imposible a la vez que los argu-mentos invocados por la actora no son suficientes a los fines de cumplir ese recaudo. Por ello, se resuelve I. Admitir la competencia originaria de esta Corte; II. Correr traslado de la demanda a la Provincia de Río Negro y a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, que tramitará como proceso ordinario, realizando las comunicaciones por oficio de estilo por el plazo de 60 días; III.

No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. * Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) El objetivo de esta acción es obtener una sentencia que haga cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica si esa falta de certeza puede provocar un perjuicio o lesión actual al interesado y no exista otro medio legal para resolverlo.

(2) El art. 165, inc. a) Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (t.o. 2004).

(3) La única disidencia fue de su Presidente, el dr. Carlos Rosenkrantz, quien propicia confirmar la sentencia recurrida fundado en que la provincia de Buenos Aires no fue nominalmente demandada por la parte actora quien, en reiteradas oportunidades, manifestó su voluntad de demandar sólo al ARBA, lo cual también surgió de su conducta procesal al haber presentado su demanda ante un juez federal de primera instancia. Y, además, aclaró que para habilitar su competencia originaria es necesario que concurra otra condición, a saber, que la provincia en cuestión revista el carácter de parte sustancial, debiendo entonces concurrir ambas condiciones y no sólo una de ellas.

(4) Art. 14, ley 48.

(5) Esta queja exige el depósito previo de una suma de dinero que hoy es de $ 40.000 (art. 286, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En el caso del Estado Nacional, entes autárquicos, provincias y municipalidades, su pago está diferido por Acordada CSJN 47/91.

(6) La única disidencia fue de su Presidente, el dr. Carlos Rosenkrantz, quien propone que la presente causa no es de competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación con fundamento en que, para que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda su competencia originaria, debe participar nominalmente como actora, demandada o tercero y tener un interés directo en el litigio de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria (Fallos: 311:879 y 1822; 314:508; 322:1511 y 2105; 330:4804 *, entre otros). Acá no surge su calidad de parte ni en forma manifiesta ni de la realidad jurídica pues la demanda no menciona ningún acto o norma del gobierno de la provincia de Río Negro ni tampoco se indica la conducta u omisión que debería cumplir la provincia en caso de dictarse una sentencia, tratándose de un pleito que involucra exclusivamente al municipio de la ciudad de Bariloche.

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