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MIÉRCOLES 19/12/2018
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Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Ejecución Fiscal de tributos nacionales y de recursos de la seguridad social. Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prórroga a favor de tribunales inferiores cuando una provincia es parte. Jurisdicción en razón de las personas.

- "AFIP -DGI c/Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta s/ejecución fiscal", sentencia del 28 de noviembre de 2017.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) inicia un juicio de ejecución fiscal (1) contra el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta ante el Juzgado Federal N° 2, con asiento en la provincia de Salta, para cobrar determinada suma de dinero en concepto de Impuesto a las ganancias y retenciones y contribuciones al sistema de seguridad social, más intereses resarcitorios, punitorios y costas.

La Fiscalía de Estado de la provincia de Salta se presenta judicialmente para contestar el reclamo fiscal y realiza diversos planteos, entre los cuales pide la incompetencia del juzgado fundada en que una de las partes es una provincia y la otra es un ente autárquico nacional de modo que considera que debe intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria. Destaca, además, que en este caso predomina la cuestión federal.

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El Juez actuante rechaza la incompetencia y los demás planteos, motivo por el cual la demandada interpone un recurso de apelación, el cual sólo es concedido por la cuestión de competencia. La Cámara Federal de Salta admite la apelación, declara la incompetencia del juez federal y remite la causa a conocimiento del Máximo Tribunal de la Nación.

Para la Corte Suprema, de acuerdo al art. 117 de la Constitución Nacional, es válida la prórroga de su competencia originaria a favor de los tribunales inferiores de la Nación cuando la jurisdicción nace en razón de las personas dado que puede ser renunciada expresa o tácitamente (Fallos: 315:2157; 321:2170*, entre otros). La doctrina jurisprudencial fue aplicada así de modo constante y riguroso (2).

El Alto Tribunal advierte que, en este caso, el hecho de que la provincia de Salta se haya comprometido a solicitar la intervención de la justicia federal con competencia en su territorio en procesos en donde se debatan cuestiones relativas a las prestaciones otorgadas bajo la legislación provincial (Cláusula 21, "Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión Social de la Provincia de Salta al Estado Nacional" del 29 de diciembre de 1995, aprobado por ley provincial N° 6818) debe ser considerado como una renuncia a la prerrogativa constitucional aludida y una prórroga a favor de la jurisdicción cuestionada (3). A su vez, observa que tampoco existe en esta causa "un caso de discrepancia respecto de la interpretación … del Convenio de Transferencia" que admitiría la intervención del Máximo Tribunal de la Nación (según lo dispone la Cláusula 20 del citado Convenio).

Por último, la Corte Suprema de Justicia resalta que un supuesto como el que se discute en esta causa ni siquiera está previsto en la norma constitucional (art. 117) sino que nace en razón de las personas como la única forma que ha encontrado este Tribunal para armonizar el derecho de las entidades nacionales al fuero federal (art. 116, Constitución Nacional) y el de los estados provinciales a la competencia originaria. Esta situación no se verifica en esta causa en donde la provincia de Salta, a cuyo favor en todo caso fue establecida tal prerrogativa, la ha abdicado.

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La Corte resuelve declarar que esta causa no corresponde a su competencia originaria, devolviéndola al Juzgado Federal N° 2 de Salta (4).

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Obras sociales. Cobro de aportes y contribuciones. Apertura del recurso extraordinario. Competencia del fuero federal.

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- "S.A.C.R.A. Filial Salta c/U.T.E.D. y C. - O.S.P.E.D. y C. s/ nulidad de acto administrativo", sentencia del 12 de diciembre de 2017.

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El Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina - Filial Salta (SACRA) interpuso recurso extraordinario federal contra el fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que admitió la excepción de incompetencia planteada por las demandadas Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles (OSPEDyC) y ordenó el archivo de esta causa por considerar que la justicia ordinaria es competente dado que el fuero federal en materia de obras sociales (5) sólo se aplica a los casos en donde se discute el sistema nacional del seguro de salud o cuando pueda afectar su normal funcionamiento. Para el fallo recurrido, el conflicto involucra un asunto patrimonial entre particulares regido por el derecho común en donde no se discute la interpretación ni la aplicación de normas federales y las cuestiones no pueden afectar la instrumentación y/o planificación de las prestaciones médico asistenciales según las leyes 23.660 y 23.661.

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Para la actora, el fallo salteño se equipara a sentencia definitiva por denegar la competencia federal y resulta arbitrario en tanto se discute la interpretación y aplicación de una norma federal, apartándose de las constancias de la causa y el derecho aplicable y vulnerando las garantías constitucionales del debido proceso y el juez natural (arts. 18, 116 y 117, Constitución Nacional). Advierte que OSPEDyC es una obra social y, como agente del seguro de salud, esta sometida exclusivamente a la jurisdicción federal dado que el tema involucra el sistema nacional del seguro de salud y su normal funcionamiento. Ello, así, pues esta demanda pretende la nulidad de los actos dictados por la obra social en ejercicio de atribuciones conferidas por dicha ley para cobrar aportes y contribuciones. Agrega que el fallo recurrido contradice la doctrina de esa Corte Suprema en "Obra Social del Personal de Farmacia s/ Nulidad de acto jurídico" (9 de marzo de 2010) que fijó la competencia federal cuando se demanda a una obra social para declarar la nulidad de un acto jurídico.

La actora precisó que su objeto principal es la educación especial, que está autorizada por la Dirección General de Educación Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta y que el personal docente que presta servicios para la asociación se encuadra en el Sindicato de Docentes Particulares (SADOP) y el no docente al Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) por acuerdo suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; gremios a los que aportan, habiéndose afiliado la mayoría a la obra social BOREAL. Por ello, las demandadas, de modo infundado e ilegítimo, la intimaron a pagar deudas inexistentes, rechazando el reclamo pues su actividad encuadra en los Convenios Colectivos de los gremios antes nombrados y no en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 462/06 de las demandadas. También las instó a que, en caso de desacuerdo, concurran al Ministerio pertinente. Ello, así, pues pretenden imponerle un sindicato, sin cumplir con el procedimiento legal y una obra social, cuando existe libertad de elección (art. 59, ley 23.551 y dec. 504/98).

La Corte Suprema de Justicia comparte los fundamentos del Dictamen del 20 de febrero de 2017 de la Procuradora Fiscal subrogante y recuerda que las sentencias que resuelven cuestiones de competencia no autorizan la apertura de la instancia extraordinaria por no constituir una sentencia definitiva salvo que haya circunstancias excepcionales, como sucede en este caso, con la denegatoria del fuero federal (Fallos: 311:430 y 1232; 314:848; 324:533*, entre muchos otros). Aquí, el planteo se circunscribe a interpretar y aplicar la norma atacada (5) que fija la competencia para obras sociales.

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En esta causa, SACRA, asociación civil, promovió acción de nulidad autónoma ante la justicia federal de Salta contra las demandadas a fin de que se declare la nulidad de las actas de inspección, de las resoluciones dictadas en consecuencia y de todo lo actuado por las entidades demandadas respecto de la actora. A través de dichas actas de inspección, fueron determinadas deudas por cuotas sindicales y aportes y contribuciones, se dictaron resoluciones administrativas que concluyeron los procedimientos y se intimó al pago de la deuda determinada y se habilitó la vía del juicio de apremio.

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Para la Corte, la justicia federal debe entender en este caso pues OSPEDYC es una obra social comprendida, en principio, en las leyes 23.660 (arts. 1 y 2) y 23.661 (arts. 2 y 15) motivo por el cual rige la norma cuestionada (5), pudiendo optar por el fuero ordinario sólo cuando sean actores.

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En consecuencia, la Corte hace lugar al recurso extraordinario, revoca la sentencia recurrida y declara la competencia de la justicia federal en estas actuaciones. Con costas.

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* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1)De acuerdo con los arts. 92, 96 y concordantes de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

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(2)CSJ, 413/1999 "Victor M. Contreras y Cía. S.A. c/Catamarca, provincia de y otros s/cobro de pesos", sentencia del 16 de septiembre de 2014 y sus citas en el Considerando 3°.

(3)CSJ 767/2001 "Garrido Antonio José c/Rio Negro provincia de s/amparo"; CSJ 175/2003 "Criado Irma Elizabeth y otra c/Rio Negro provincia de y otro s/sumario" y "CSJ 63/2005 "Galíndez Valentina y otros c/ANSeS s/Ordinario", sentencias del 19 de diciembre de 2001, 17 de febrero de 2004 y 21 de marzo de 2006, respectivamente*.

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(4) Por su parte, la Procuradora dra. Laura Monti en su dictamen emitido el 23 de septiembre de 2016 propone para este caso la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en instancia originaria.

(5) Art. 38, leya 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com

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