Domingo  10 de Mayo de 2020

Ajuste por inflación, un tema olvidado en escenario incierto

Reciente fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba en autos "Bodegas Esmeralda" aún pendiente la resolución de 1ª instancia judicial y el análisis de las distintas vías jurisdiccionales.

Ajuste por inflación, un tema olvidado en escenario incierto

En una realidad tributaria un tanto atípica y de cara al vencimiento de obligaciones fiscales que han de producirse inusualmente en plena etapa de emergencia sanitaria; nos proponemos hoy repasar la evolución normativa y jurisprudencial del instituto del ajuste por inflación en la Ley del Impuesto a las Ganancias ("LIG") que se ha dado desde el día 03/07/2009 en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el célebre precedente "Candy" -referido al período fiscal 2002- hasta al reciente pronunciamiento de fecha 14/02/2020 dictado por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba en los autos que referimos como "Bodegas Esmeralda".

Efectivamente, el asombro es mutuo. Es cierto; han transcurrido 11 años entre uno y otro pronunciamiento y en relación con este último, todavía está pendiente la resolución de 1ª instancia judicial sobre el fondo del asunto.

Recordamos que en esta última sentencia -de naturaleza cautelar- el Tribunal, de manera precisa y contundente, confirmó la medida cautelar otorgada el 15/08/2019 por parte del Juzgado Federal N°1 a favor de Bodegas Esmeralda S.A., que ordenó a la AFIP-DGI arbitrar los medios necesarios a fin que el contribuyente presentara la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal finalizado el 31/03/2019, aplicando el "ajuste por inflación", tomando como índice el "IPC" y sin el diferimiento dispuesto en el artículo 2 agregado a continuación del artículo 118 de la LIG.

Asimismo, analizaremos las distintas vías jurisdiccionales que tendrían los contribuyentes en el supuesto de considerarse con derecho a accionar ante la existencia de un caso concreto que permita cuestionar la normativa objeto de análisis, a saber: la Ley 27.340, modificada por las Leyes 27.468 y 27.541.

Capacidad contributiva y el principio de confiscatoriedad según la Corte

El principio de capacidad contributiva se encuentra previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Implica la gravabilidad exclusiva de rentas o beneficios reales y consiste en un requisito indispensable de validez de todo gravamen a las ganancias netas. En otras palabras, no puede haber impuesto a las ganancias donde no existe capacidad contributiva.

La Corte definió este principio en el fallo "Navarro Viola" (Fallos: 312:2467), en donde manifestó que "para que la tacha de confiscatoriedad pueda prosperar, es necesaria la demostración de que el gravamen cuestionado excede la capacidad económica o financiera del contribuyente (Fallos 271:7 consid. 10 y su cita)".

En efecto, para nuestro Máximo Tribunal un impuesto puede resultar inconstitucional "cuando el mismo llegue a una exacción o a la confiscación de la propiedad o de la renta por acción de la tasa del impuesto o de la tasación arbitraria" (Fallos: 190:231).

Asimismo, la Corte ha expresado en reiterados pronunciamientos que "para que se configure la confiscatoriedad debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:57), y que a los efectos de apreciación cuantitativa debe estarse al valor real del inmueble y no a su valoración fiscal, y considerar la productividad posible del bien (Fallos: 220:1300; 223:40; 239:157)" (Fallos: 314:1293 y 322:3255, entre otros.)

Ahora bien, resulta fundamental que aquella confiscatoriedad sea demostrada por quien la alega mediante una prueba concluyente. Así la Corte lo ha requerido en reiterada jurisprudencia, y remarcó que se encuentra a cargo del actor "la evidencia de la confiscatoriedad alegada (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293)"

La doctrina de la Corte sentada en el fallo "Candy"

A partir del leading case "Candy" la Corte convalidó la procedencia de la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación, cuando en rigor se encontraba suspendido desde el 01/04/1992 por el artículo 39 de la Ley 24.073.

Nuestro Máximo Tribunal afirmó que "la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad."

Sin embargo, la Corte advirtió que, en materia de Impuesto a las Ganancias no había tenido "la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad". En tal sentido expresamente manifestó que "en razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes."

De esta forma, tomó en cuenta el informe contable presentado por el contribuyente, que fue ratificado por la prueba pericial contable practicada en autos. Nuestro Máximo Tribunal remarcó que "del mencionado informe (…) se desprende que, de no recurrirse en el período fiscal finalizado el 31/12/02 al mecanismo correctivo cuya aplicación se discute en la causa, es decir, si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición." Y, de la prueba pericial, surgió que el perito "verificó que la metodología seguida por la empresa respondiera a la establecida por el Título VI de la ley del gravamen, tanto en lo relativo al ajuste estático como al dinámico. Dicha pericia -que no mereció objeciones por ninguna de las partes- permite tener por acreditada la posición de la actora y brinda un acabado sustento a su pretensión."

Finalmente, la Corte concluyó que "si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar."

Los efectos de la doctrina del fallo "Candy".

Lejos de constituir un fallo aislado, la doctrina de este precedente ha sido ratificada al día de hoy por la Corte en centenares de pronunciamientos. "Candy" fue tomado como "parámetro" para juzgar casos en los que se evidenciaron situaciones de confiscatoriedad tanto por encima como por debajo de los índices que al efecto fueron resueltos en él.

Del relevamiento de dicha familia de fallos podemos concluir que:

(i) la mayoría de los planteos interpuestos por los contribuyentes tramitaron como acciones declarativas de inconstitucionalidad;

(ii) existen acciones de amparo que no han sido rechazadas por la Corte, toda vez que en aquellos procesos se pudo producir prueba pericial contable;

(iii) la Corte ha dictado sentencias haciendo lugar a la aplicación del ajuste por inflación en aquellos casos en los cuales se llevó a cabo una tarea probatoria exhaustiva con foco y preminencia de la prueba pericial contable.

Se rechazaron pretensiones por ausencia de prueba pericial o bien por la constatación de pericias incompletas; sea porque éstas no acreditaban un supuesto de confiscatoriedad, o bien, debido a que las pericias carecían de respaldo documental apropiado a los fines pretendidos.

Por su parte, la AFIP dictó la Instrucción General N° 04/2010 (SDG ASJ) de fecha 07/06/2010, a través de la cual instruyó a las áreas jurídicas operativas a cargo de la defensa de los intereses del Fisco para que desde entonces adecuasen la gestión judicial al criterio expresado por la Corte en el fallo "Candy"; impugnando acabadamente las eventuales probanzas que pudieran ofrecer los contribuyentes, esto es el informe especial de contador público con la estimación de resultados fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo.

Tiempo más tarde, aquélla fue reemplazada por la Instrucción General N° 3/2017 (SDG ASJ) de fecha 23/05/2017, que instruyó la adecuación de la gestión judicial al criterio expresado por la Corte en el fallo "Bayer" del 23/06/2015.

Sin embargo, no advertimos de la comparación de ambas Instrucciones un cambio sustancial o incluso diferencial entre una y otra. Ambas instruyeron lisa y llanamente la impugnación acabada de probanzas.

Resulta interesante recordar que en el precedente referido -en nuestra opinión- la Corte resaltó cierta conducta errática en cabeza del Organismo recaudador.

Focalizando en el hecho que éste tuvo y tiene oportunidad de ejercer sus amplias facultades de fiscalización y control que le confiere la Ley de Procedimiento Tributario -en ocasión de sustanciarse un reclamo administrativo de repetición que el Fisco denegó por considerar inconducente la probanza del contribuyente tras alegar que se trataba de una cuestión de derecho- la Corte remató sus conclusiones señalando que la actividad probatoria de la AFIP en sede judicial, se basó en meras afirmaciones genéricas desprovistas de peso para desvirtuar el resultado confiscatorio;

(iv) continúa vigente el criterio de la Corte a través del cual considera inaplicable su doctrina legal establecida en "Candy" para los casos de mero ajuste de quebrantos, toda vez que para probarse la confiscatoriedad debe existir un tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados. Ello tanto para los casos en los cuales el contribuyente declaraba un quebranto o presentaba un quebranto como resultado de aplicar el ajuste, o bien, en los casos en que producto de la convalidación del ajuste para un período fiscal determinado, generaba un quebranto en el ejercicio siguiente;

(v) se hizo lugar a planteos en los que los porcentajes de alícuota efectiva por la no aplicación del mecanismo eran notoriamente inferiores a "Candy" (ejemplos: 45,03%, 45,67%, 47,38%, 47,99%, 50,40% y 51,18%); y

(vi) la Corte ya ha convalidado la aplicación del ajuste por inflación para los períodos fiscales 2012 a 2016; manteniendo inalterable su doctrina relacionada con la confiscatoriedad.

Por lo tanto, en los planteos ya iniciados o incluso a iniciarse según el caso en acciones de repetición de impuesto por períodos no prescriptos, a los fines de solicitar la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación con sustento en la doctrina del caso "Candy" y análogos; los contribuyentes podrán obtener sentencias favorables en la gran mayoría de los casos (incluso cuando presenten alícuotas efectivas inferiores al 62% fijado en "Candy" como parámetro).

Ello en la medida en que se produzca una pericial contable a través de la cual se demuestre la configuración de un supuesto de confiscatoriedad por el cálculo del impuesto a las ganancias sin la aplicación del ajuste por inflación. Es dable recordar que, a pesar de que la jurisprudencia analizada es aplicada en forma pacífica tanto por la Corte como obviamente por los Tribunales inferiores, en materia de costas causídicas, éstas siguen imponiéndose en el orden causado o bien por su orden en atención a la complejidad jurídica del tema en debate. Es decir, cada litigante afronta sus gastos causídicos.

Por último, señalamos que existen casos en donde la misma AFIP ha convalidado la aplicación del ajuste por inflación y, en consecuencia, hizo lugar a los reclamos de repetición interpuestos por los contribuyentes. Ello en el buen entendimiento de la verdadera esencia y espíritu de las Instrucciones antes referidas. Es decir; no impugnar porque sí, de manera automática o sin sustento las probanzas aportadas por los contribuyentes para demostrar situaciones de gravabilidad confiscatoria sino, analizar las mismas en la forma y tiempos razonables en el marco de las facultades de verificación y fiscalización que le son propias.

El restablecimiento del ajuste por inflación en la LIG

Con la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) se promovió en nuestra opinión, un seudo y condicionado retorno del ajuste por inflación impositivo.

No es nuestra intención abordar en este trabajo los detalles o pormenores de una técnica legislativa cuanto menos confusa y de dudosa obtención de óptimos resultados; sino que habremos de focalizarnos en los "condicionantes" que fueron establecidos por el legislador para aplicar el procedimiento del ajuste propiamente dicho.

Ello en el entendimiento que los mismos serán los futuros protagonistas de cuestionamientos contencioso judiciales.

Se dispuso en el artículo 95 -actual 106- de la LIG, que el citado mecanismo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios internos al por mayor (IPIM) que se refería en el segundo párrafo del entonces artículo 89 (1)-actual 93- de la LIG, acumulado en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%.

No obstante lo indicado, el artículo 95 referido estipulaba que para el primer ejercicio iniciado el 01/01/2018 la inflación acumulada de los 12 meses debía ser superior a 1/3 (33,33%) y en el segundo ejercicio debía ser superior a 2/3 (66,67%) en los 24 meses.

Posteriormente, la Ley 27.468 (B.O. 04/12/2018) -denominada "contra reforma"- introdujo modificaciones en lo que respecta a la aplicación del ajuste por inflación impositivo. Las modificaciones fueron las siguientes:

(i) índice de inflación: se cambió el índice de precios internos al por mayor (IPIM) por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC) a fin de realizar actualizaciones y de aplicar el ajuste integral por inflación -ver nota (1)-;

(ii) parámetros para la aplicación del ajuste integral por inflación: se modificaron éstos para los tres primeros ejercicios iniciados el 01/01/2018, estipulándose que para el primer ejercicio la inflación acumulada de los 12 meses debe ser superior al 55%, en el segundo ejercicio debe ser superior al 30% en los 24 meses y en el tercer ejercicio debe ser superior al 15% en los 36 meses.

(iii) diferimiento del resultado por exposición a la inflación: se dispuso que el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, generado por la aplicación del ajuste integral, correspondiente a los ejercicios primero, segundo y tercero iniciados a partir del 01/01/2018, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en el punto anterior, deberá imputarse 1/3 en dicho período fiscal y los 2/3 restantes, en partes iguales, en los 2 períodos fiscales inmediatos siguientes.

Finalmente, la Ley 27.541 (B.O. 23/12/2019) -Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva- también introdujo modificaciones al ajuste por inflación impositivo, en lo que refiere puntualmente a las normas de diferimiento establecidas por el artículo 2 agregado a continuación del artículo 118 -actual 194- de la LIG.

La norma dispuso que el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, generado por la aplicación del ajuste integral, correspondiente a los ejercicios primero, segundo y tercero iniciados a partir del 01/01/2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en el artículo 106, deberá imputarse 1/6 en dicho período fiscal y los 5/6 restantes, en partes iguales, en los 5 períodos fiscales inmediatos siguientes.

En la mentada norma se aclaró que lo indicado no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores.

Inconsistencias en el restablecimiento del ajuste por inflación en la LIG

Advertimos que en algunos casos se podría generar perjuicio para el contribuyente al momento de liquidar "el" período fiscal a partir de la aplicación del diferimiento establecido por la nueva normativa si tomamos dicho "período fiscal" como "un" compartimento estanco, en el escenario de una foto circunscripta a un impuesto de "ejercicio".

A poco de recordar la doctrina de la Corte en oportunidad de rechazar la aplicación del ajuste por inflación en situaciones de quebranto (2) o, asimismo, en el razonamiento desarrollado por nuestro Máximo Tribunal al objetar la presunción de renta para el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (3) ; no puede pasar inadvertido el cuestionamiento de tipo argumental que merecería la técnica legislativa que condiciona la aplicación del ajuste por inflación a cuestiones de hecho imprevisibles que habrán de darse -según el caso- en ejercicios fiscales futuros y por ende ajenos al que se liquida y origina el pago anual del impuesto al amparo de la normativa vigente. Ello claro está, independientemente de los cuestionamientos que -según el caso- pudiesen tener como norte la confiscatoriedad propiamente dicha del impuesto.

Es decir que, si bien la Corte admitió que un tributo válidamente dictado por el Poder legislativo podía en determinadas circunstancias resultar confiscatorio, tal solución pretoriana tuvo por miras conjurar aquellas situaciones en las que "el pago" de uno o más gravámenes implicaban

una lesión a la garantía de la propiedad individual. Los quebrantos, a criterio del Alto Tribunal, no pueden ser encuadrados dentro de los lineamientos de esa doctrina, por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados para verificar si hay una absorción inadmisible de éstos (cfr. "Estancias Argentinas El Hornero S.A." -Fallos: 335:1923-).

Como se ve, para rechazar el ajuste por inflación de quebrantos la Corte enfatizó en "el pago", independientemente del derecho crediticio del contribuyente en períodos siguientes.

Bajo este mismo razonamiento y para el análisis que nos ocupa, lo que sucede en períodos fiscales siguientes al que es objeto de liquidación y "pago", no debería incidir en la liquidación del mismo; pudiendo por ende en éste, configurarse un pago confiscatorio. Ello, a fuer de pecar por reiterativos, tras considerar al efecto, la foto del período fiscal en que se generó la capacidad contributiva.

Apoyaría también nuestro entendimiento, lo resuelto por la Corte en el fallo "Diario Perfil S.A." (Fallos: 337:62), al concluir que el contribuyente debe demostrar que la renta presumida "en el período examinado" no existió; más allá de la posibilidad o la imposibilidad de que los activos generen la renta presumida por la ley.

Amén de estas consideraciones generales que nos llevan prima facie a recordar el principio de razonabilidad reinante en la materia, claro está que cada caso concreto ha de ser analizado tanto por el Fisco Nacional como por los contribuyentes, con la prudencia que dichas individualidades amerita.

En tal universo, es dable suponer que en un futuro no tan lejano, se presentarán casos novedosos que conformarán una nueva familia de fallos judiciales en los que sería de esperar que además de mantenerse inalterable la jurisprudencia del Alto Tribunal en materia de confiscatoriedad y vulneración del derecho de propiedad de los contribuyentes, se presenten situaciones diferenciales; tales como por ejemplo:

(i) casos análogos al que se encuentra pendiente de resolución y ha sido objeto de nuestro comentario publicado en la edición web del Diario de fecha 11/03/2020 (4), donde para el período fiscal finalizado en marzo 2019 no se llegó al IPC del 55% (toda vez que el IPC publicado por el INDEC para el período marzo 2018-marzo 2019 ascendió al 54,7%). De allí el planteo en la acción principal por cuanto la imposibilidad de aplicar el procedimiento del ajuste por inflación -condicionado a la verificación porcentual de dicho índice- originaría la determinación de un impuesto confiscatorio. Lógicamente, también cuestionado el diferimiento del artículo 2 agregado a continuación del 118 de la LIG.

(ii) supuestos contribuyentes que, superado el IPC acumulado, pudiesen encontrarse ante una situación confiscatoria dada la aplicación del diferimiento del primer tercio referido precedentemente;

(iii) situaciones en las que al liquidarse el ejercicio 2020 (con vencimiento de presentación de la declaración jurada en noviembre 2020), sin haberse presentado dificultades para aplicar la normativa vigente en el período fiscal 2019 (es decir, el IPC fue mayor a 55% y se aplicó el ajuste por inflación en el primer tercio), se genere una situación de confiscatoriedad.

De esta forma, con la finalidad de evitar gravar una renta ficticia o inexistente, un contribuyente podría verse obligado a realizar un planteo ante la justicia, si la aplicación del primer sexto (conf. Ley 27.541) y el cómputo del segundo tercio remante del período 2019 evidencian una situación de confiscatoriedad.

Posibles alternativas de planteos contenciosos por parte de los contribuyentes.

En el escenario descripto, aquellos contribuyentes que puedan considerarse afectados y pretendan cuestionar la razonabilidad de la normativa vigente en la materia; tendrán al efecto distintos escenarios jurisdiccionales posibles.

Según el caso, alcances y efectos infraccionales que las disposiciones legales vigentes establecen y dependiendo de cada situación concreta -entre otras acciones- identificamos aquellas tendientes a: (i) solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso por la vía de la acción de repetición; (ii) ser pasibles del inicio de un procedimiento determinativo de oficio en caso de pagar impuesto en forma inexacta según criterio fiscal; (iii) accionar por la vía de la acción declarativa de certeza por ante la Justicia Federal si las condiciones formales estuviesen dadas para ello y, con petición o no, de medida cautelar, a fin de solicitar autorización para aplicar el mecanismo de ajuste por inflación sin los condicionamientos referidos. Todas estas acciones, claro está en caso de poder acreditar un perjuicio concreto.

Debido a las excepcionales circunstancias de emergencia y aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo a raíz de la emergencia sanitaria de público y notorio conocimiento, la Corte dispuso una feria extraordinaria a través de la Acordada 6/2020 (del 20 al 31/03/2020), que luego fue extendida mediante la Acordada 8/2020 (del 1 al 12/04/2020) respecto de todos los tribunales federales y nacionales que integren el Poder Judicial de la Nación. Como consecuencia de ello, los eventuales pedidos cautelares en curso realizados por los contribuyentes -en términos análogos al de Bodegas Esmeralda S.A.-, claramente se han visto frustrados. La misma suerte corrieron aquellos que se iban a interponer durante el curso de la referida feria. Ello dado que los vencimientos para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias no han sido modificados por parte de la AFIP. Destacamos que en relación con la actividad jurisdiccional del Organismo recaudador -también de feria extraordinaria en principio hasta el día 12/04/2020 por Resolución N° 4692/2020- hasta el presente sólo ha habilitado vía web la realización de determinados trámites que en detalle se refieren en la Resolución 4685/2020.

Conclusiones

Si bien el ajuste por inflación ha sido receptado por la LIG con ciertos condicionamientos, existirán casos concretos en que su aplicación con los diferimientos establecidos seguirá produciendo una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta.

Nada ha cambiado en nuestra opinión para que la doctrina de la Corte sentada en "Candy" continúe vigente en la materia que nos ocupa. Por ende, todo lo relacionado con la forma de probar la confiscatoriedad será una carga indiscutida para el contribuyente que así intente demostrarlo.

Amén de la temática referida a la confiscatoriedad, se abre una nueva discusión cuyos protagonistas habrán de ser los condicionamientos normativos. Condicionamientos que devienen de una técnica legislativa cuanto menos compleja y que parecería no haber paliado el flagelo inflacionario.

La modalidad de imputación por diferimiento del cómputo del ajuste por inflación que introdujo la Ley 27.468 y luego la Ley 27.541, sosteniendo que la imposibilidad normativa de imputarlo íntegramente al ejercicio fiscal objeto de tributación, se vislumbra prima facie violatoria de principios y derechos constitucionales que rigen la materia (vgr: razonabilidad y congruencia, derecho de propiedad y no confiscatoriedad. Esto último para los casos en que pudiese demostrarse que la aplicación de tal diferimiento se traduce en el ingreso de un impuesto a las ganancias a una alícuota efectiva ostensiblemente superior a la establecida por ley, insumiendo en tales condiciones una sustancial porción de las rentas o el patrimonio del afectado.).

En tal sentido, debería conceptualmente demostrarse que el diferimiento -sobre el cual la ley no prevé su ajuste por inflación- vulnera el principio de capacidad contributiva, de razonabilidad y también el derecho de propiedad del afectado al trastocar y desnaturalizar la estructura del impuesto a las ganancias que grava la renta neta de un ejercicio determinado.

No descartamos que, para el momento en que alguno de estos planteos llegue a la Corte, se haga uso de la institución de Amigos del Tribunal, figura sumamente útil y revolucionaria del proceso judicial. Si bien en el marco de la causa "Juplast" la misma fue rechazada por nuestro Máximo Tribunal, aquella desestimación fue realizada en el marco de las Acordadas 28/2004 y 14/2006, que posteriormente fueron dejadas sin efecto por la Acordada 7/2013 (5).

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(1) Expresión "índice de precios internos al por mayor (IPIM)" sustituida luego por la expresión "índice de precios al consumidor nivel general (IPC)", por art. 1° de la Ley N° 27.468 (4/12/2018). Vigencia: el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá efecto para los ejercicios fiscales o años fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, inclusive.

(2) "Estancias Argentinas El Hornero S.A." (Fallos: 335:1923, entre otros).

(3) "Diario Perfil S.A." (Fallos: 337:62).

(4) Bodegas Esmeralda S.A. c/Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", expte. FCB 26202/2019 - https://www.cronista.com/ fiscal/Medida-Cautelar-en-Ajuste-por-Inflacion-y-sin-diferimiento-por-la-Justicia-Federal-de-Cordoba-20200311-0006.html

(5) La Acordada 28/2004 autorizó con respecto a las causas en trámite ante la Corte, siempre que en ellas se ventilasen cuestiones de trascendencia institucional o que resultasen de interés público, la actuación de los denominados Amigos del Tribunal a fin de que hagan saber sus opiniones o sugerencias sobre asuntos de aquella naturaleza y, con ese alcance, ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión de dichas causas. De esta forma, mediante la Acordada 14/2006 la Corte convocó a personas físicas o jurídicas con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en los autos "Juplast" (expte. CSJ 87/2005) para que expresaran una opinión fundada con relación a la aplicación del ajuste por inflación. No obstante ello, con fecha 31/10/2006 nuestro Máximo Tribunal resolvió no aceptar dieciséis presentaciones efectuadas por empresas, cámaras empresariales o sus representantes y ordenó su desglose, toda vez que advirtió la existencia de un interés de carácter pecuniario comprometido en el resultado del pleito por parte de los presentantes o sus representados que determinó la improcedencia de la intervención como Amigos del Tribunal.

(6) Ahora bien, aquellas limitaciones fueron dejadas de lado mediante la Acordada 7/2013; ello en función que la Corte dispuso a través de la misma que el Amigo del Tribunal que se presente en una causa, deberá expresar a qué parte o partes apoya en Ia defensa de sus derechos y si ha recibido de ellas financiamiento o ayuda económica de cualquier especie, o asesoramiento en cuanto a los fundamentos de la presentación, y si el resultado del proceso le representará -directa o mediatamente- beneficios patrimoniales.

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Felipe Carlos Stepanenko es Director Ejecutivo, Abogado, a cargo del Departamento de Controversia Fiscal del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados (EY).

Laura Karschenboim es Abogada Senior del Departamento de Controversia Fiscal del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados (EY).

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