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DOMINGO 16/12/2018
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Trump activa su plan de protección económica para ponerle freno a China

El Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS), también determina posibles amenazas a la seguridad nacional. Uno de sus objetivos es el interés chino por la propiedad intelectual estadounidense

Trump activa su plan de protección económica para ponerle freno a China

Sus deliberaciones son poco transparentes y sus decisiones tienen el poder de acabar con negocios internacionales multimillonarios. Sus siglas aterrorizan a las empresas y los banqueros de inversión. Su personal del día a día está compuesto por una seria banda selecta de 16 abogados educados en la Ivy League que trabajan puertas adentro del Tesoro estadounidense, supuestamente para proteger el futuro económico de Estados Unidos. Y está listo para obtener mucho más poder.

El Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) es uno de los organismos reguladores más poderosos y enigmáticos del mundo. Se trata de un comité interinstitucional que reúne al personal de defensa e inteligencia con los responsables de la política económica, y que fue creado para investigar el ingreso de inversiones extranjeras y determinar posibles amenazas a la seguridad nacional.

No obstante, las reformas impulsadas por el presidente Donald Trump y plasmadas en un proyecto de ley que se encuentra hoy en el Congreso, de aprobarse, ampliarían la carga de trabajo del organismo, que pasaría de unas cientos a posiblemente miles de operaciones al año.

Y al igual que gran parte de la política económica actual de Washington, persigue un objetivo: China y su apetito por la propiedad intelectual de Estados Unidos.

Las reformas previstas responden a un patrón internacional. Según la consultora Grupo Rhodium, desde Australia hasta la UE, las jurisdicciones están reforzando el control de las inversiones desde el exterior en gran medida en respuesta a lo que muchos gobiernos sospechan que fue una ola de compras de China estratégicamente impulsada que en Estados Unidos alcanzó un total de u$s 116.600 millones en los últimos cinco años.

Sin embargo, las propuestas de Estados Unidos van más allá. Por primera vez, el proyecto de ley que se está considerando otorgaría al CFIUS amplia jurisdicción sobre las principales inversiones hacia el exterior de compañías estadounidenses, que desde 1990 están valuadas en unos u$s 250.000 millones, y las empresas extranjeras de multinacionales radicadas en Estados Unidos. Y por esa razón ha provocado un revuelo cada vez mayor en compañías estadounidenses de primera línea, como General Electric e IBM, y un debate en el Congreso sobre la mejor manera de reducir la presión china sobre las empresas estadounidenses.

Los planes en relación con CFIUS atentan contra el núcleo del dilema del gobierno de Trump sobre cómo lidiar con China, a la que denomina un "rival" estratégico. Los funcionarios de la Casa Blanca y sus aliados en el Congreso intentan responder a lo que consideran una amenaza económica existencial de una China que aspira a ser líder en inteligencia artificial, vehículos autónomos y otras industrias nuevas.

El convencimiento de la amenaza que representa está impulsando gran parte del comercio y la política exterior de Trump. Según una estrategia de seguridad nacional que se reveló en diciembre, la protección de la "base de innovación" de Estados Unidos es un objetivo importante. Hoy en el centro de la política comercial del gobierno de Trump respecto a China hay abierta una investigación sobre el régimen de propiedad intelectual de Beijing.

Sin embargo, muchos de esos planes generan preocupación o se topan con la oposición activa de algunas de las principales compañías estadounidenses que ven que sus perspectivas de crecimiento están estrechamente vinculadas a China, la segunda economía más grande del mundo. Muchos temen que las nuevas normas se conviertan efectivamente en un turbio sistema de controles tecnológicos y coloquen un importante obstáculo regulador en uno de los eslabones más dinámicos de la economía estadounidense.

"Se trata de un cambio radical", afirma Rod Hunter, que supervisó al CFIUS mientras estaba en el Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de George W. Bush y hoy es socio del estudio de abogados Baker McKenzie. "Básicamente se transformaría la industria de tecnología estadounidense en un sector regulado. Si alguna vez hubo una manera de convertir la industria tecnológica estadounidense en la fracasada automotriz British Leyland, así es como se hace".

Una de las razones por las que el proyecto de ley del CFIUS llama tanto la atención es que es una de las pocas ideas que este año supo ganarse el apoyo de republicanos y demócratas en un Congreso dividido.

"China utilizó las inversiones como armas en un intento de vaciar nuestras tecnologías avanzadas y simultáneamente socavar nuestra base industrial de defensa", declaró en el Congreso John Cornyn, el republicano de Texas que es el principal defensor de la legislación.

En los últimos años, se reforzaron los controles de las compras por parte de China de empresas estadounidenses y europeas de semiconductores y otras tecnologías. Pero la legislación propuesta exigiría al CFIUS monitorear joint ventures extranjeros en lugares como China, que los funcionarios estadounidenses a menudo temen que implique la transferencia forzada de tecnologías cruciales y potencialmente sensibles a cambio de hacer negocios.

"Todos estamos a favor [de las inversiones en el exterior]", señala Robert Pittenger, el republicano de Carolina del Norte que defiende la legislación en la Cámara de Representantes. "Simplemente no queremos que nuestras empresas se vean obligadas o explotadas por un gobierno extranjero (...) para obtener tecnologías de datos críticos y relacionadas con la seguridad".

Los críticos sostienen que las normas de control de exportaciones prevén una manera de monitorear el número relativamente pequeño de operaciones que implican tecnologías sensibles. Temen que la legislación amplíe enormemente las facultades del CFIUS ya sobrecargado y perjudique la capacidad de las empresas estadounidenses para competir sometiendo cualquier acuerdo en el extranjero que hayan celebrado al riguroso control del CFIUS.

Según expertos, el comité investigó alrededor de 240 operaciones, pero esa cifra podría expandirse a miles o incluso a decenas de miles de operaciones en todo el mundo.

Algunas empresas respaldan la legislación, y la compañía de software Oracle declaró en una carta en noviembre que los cambios eran necesarios para cubrir vacíos que hoy estaban "poniendo en riesgo las innovaciones críticas que refuerzan y aseguran nuestra seguridad nacional". Pero rivales tecnológicos como IBM iniciaron una batalla pública contra el proyecto de ley.

"Un sistema de controles tecnológicos que impida unilateralmente a las empresas estadounidenses realizar negocios en el extranjero no promoverá los intereses de seguridad nacional si simplemente entrega los mercados a competidores extranjeros", declaró Chris Padilla, vicepresidente de gobierno y asuntos normativos de IBA, ante el Comité Bancario del Senado durante una audiencia en enero. La versión actual del proyecto de ley absorbería todo tipo de negocios inocuos realizados en el exterior por IBM, como la venta de servidores o el patentamiento de marcas "que no podría ser menos amenazante para la seguridad nacional".

La resistencia del sector empresarial obligó a los funcionarios del Congreso a prometer el pronto lanzamiento de una versión refinada. Los funcionarios del Tesoro también dijeron que se asegurarán de que cualquier interés del CFIUS en inversiones en el exterior siga centrado exclusivamente en la seguridad nacional. Según un alto funcionario del Tesoro de los Estados Unidos, "desde la perspectiva del CFIUS, no queremos investigar numerosas operaciones que probablemente jamás ocasionen problemas de seguridad nacional".

También hay indicios de que algunos en el Congreso consideran que las preocupaciones de las empresas son válidas y desearían que las medidas de control de salida se incluyan en una legislación aparte que actualice el régimen de control de las exportaciones, un proceso mucho más transparente administrado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Pittenger sostiene que él y sus colegas están ansiosos por abordar las preocupaciones de las empresas. "Estamos escuchando. Estamos escuchando atentamente. Queremos ser receptivos", afirma el funcionario. Pero él y Cornyn también afirman que siguen comprometidos con el control de las operaciones que involucran a joint ventures extranjeras, prestando especial atención a China. Acusaron a los opositores de ser alarmistas e incluso antipatrióticos.

"Yo calificaría esto como un déficit de patriotismo por parte de ellos", señaló Cornyn en un discurso el mes pasado que generó asombro en una comunidad empresarial a la que acusó de tratar de "perpetuar el statu quo". Pittenger, por su parte, compara el abandono de la propuesta sobre los acuerdos en el extranjero con la eliminación de los controles de seguridad aeroportuarios por las quejas de que las colas se han vuelto demasiado largas.

"¿Sería inteligente hacer eso? No. Y no sería inteligente permitir que las personas eludan un control de seguridad del CFIUS", añade.

El debate sobre las reformas del CFIUS en el Congreso llega cuando el comité y su personal se ven afectados por un número cada vez mayor de casos que son más complejos de lo que solían ser.

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