Miércoles  14 de Noviembre de 2018

Todavía lejos de la transición

La premisa de las reuniones del G20 en materia energética, durante este año, fue ir hacia sistemas más limpios. Pero, ¿cuánto de estas palabras está siendo traducido en acciones? Los números de la Argentina.

Todavía lejos de la transición

Transiciones energéticas hacia sistemas más limpios, más flexibles y más transparentes. Esta es la premisa con la que el capítulo de energía del Grupo de los 20 (G20) trabajó todo este año, tal como quedó plasmado en el comunicado final que se dio a conocer tras la reunión de ministros del área que tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, en junio pasado.

"Resaltamos nuestro compromiso a trabajar hacia la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) a través de, entre otros aspectos, una mayor innovación en sistemas energéticos sostenibles y más limpios", señala el documento, así como también: "Reconocemos que las transiciones energéticas son un elemento esencial de las estrategias de desarrollo de largo plazo, que deben combinar el crecimiento económico y la reducción de las emisiones de GEI".

Algo similar había afirmado el entonces ministro Juan José Aranguren, al concluir dicho encuentro de los líderes en materia energética del G20. "Reconocemos el rol crucial de la energía para mejorar nuestro futuro, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país, así como la necesidad de alcanzar los objetivos globales incluyendo el cambio climático y la seguridad energética. Reconocemos que las transiciones energéticas son esenciales para el desarrollo de estrategias de largo plazo que combinen crecimiento económico y reducción de GEI", fueron sus palabras en la última intervención pública que tuvo como funcionario de este gobierno.

Ahora bien, más allá de las palabras y del trabajo que se viene realizando en las negociaciones del G20 cuyo evento culminante de la Argentina llegará a fines de este mes, cuando los líderes de estas economías se reúnan en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el grado de avance que cada país registra en su transición? ¿Se están volviendo más limpias, más flexibles y más transparentes sus matrices? Esto es parte de lo que indaga el Brown to Green Report, un informe con más de 80 indicadores que compila Climate Transparency, una alianza global de 14 organizaciones de la mayoría de los países que forman parte del G20.

En su cuarta edición, la conclusión a la que arriba este estudio es que ninguno de estos países ni aún aquellos que pregonan liderar en el impulso a la agenda climática, como es el caso de Francia o Alemania cuenta con un sistema energético lo suficientemente verde, o con propuestas de política climática lo suficientemente ambiciosas como para limitar el aumento de la temperatura media global en 1,5°C, tal como fue acordado por todos ellos (y 175 países más) en el Acuerdo de París, de 2015.

Y, considerando que estas 20 economías (19 países más la Unión Europea) representan aproximadamente el 80% de las emisiones de GEI globales, esto, se entiende, pone en jaque el acuerdo forjado en Francia. Por tal motivo, mucho es lo que se podría avanzar en esta materia si el comunicado que los líderes firmen (o no, si es que no llegan al consenso necesario para ello) al finalizar la cumbre que los reunirá en Buenos Aires pone énfasis en ello. Es que, para que el planeta logre contener el calentamiento global en 1,5°C, los del G20 deben reducir sus emisiones por la mitad para 2030. Una tarea nada sencilla. Sobre todo si, como apunta Jan Bruck, co-autor del informe y miembro de German Watch, estos "continúan usando dinero en elementos que alteran el clima como los subsidios a los combustibles fósiles".

En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor Senior de Cambio Climático en Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organización socia en la Argentina de Climate Transparency, plantea: "Como anfitrión del G20, la Argentina está en el centro de atención este año, y debe ser consciente del impacto que el cambio climático causa y causará en la economía mundial. Instamos al G20 a considerar el impacto que el clima tiene en los desarrollos financieros y económicos en su cumbre de este año".

Un grupo amarronado

En concreto, según la información compilada por Climate Transparency, el 82% del suministro de energía del G20 proviene, en la actualidad, de combustibles fósiles. Los casos más extremos son Arabia Saudita, Australia y Japón, en donde estas fuentes "marrones" utilizando la colorimetría del reporte representan más del 90% del suministro energético nacional, con poco o ningún cambio en los últimos años. Por otra parte, Sudáfrica, Australia e Indonesia son los países con mayor intensidad de emisiones, dado el alto porcentaje de combustibles fósiles que poseen sus matrices.

Más allá de estos indicadores, y del compromiso que cada uno asumió con relación a descarbonizar sus economías de cara al cumplimiento del Acuerdo de París, ninguno cuenta con políticas adecuadas para eliminar el carbón, la fuente más problemática en lo que a emitir GEI se refiere. Lo que es más, de acuerdo al reporte, 14 de los miembros del G20 necesitan un plan para abandonar su uso. Solo Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido tienen fechas establecidas para hacerlo.

"El reciente informe 1,5°C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) nos mostró que el mundo tiene que aumentar la acción en cambio climático. La generación de energía de carbón, petróleo y gas, junto con el transporte, producen la parte más importante de las emisiones en la mayoría de los países del G20", sentencia otro de los autores del informe, Jiang Kejun, del Instituto de Investigación de Energía de China. Y completa: "Ningún gobierno del G20 está realmente abordando correctamente a estos sectores, especialmente Australia, los Estados Unidos e Indonesia. Pero, algunos están avanzando. Es el caso del Reino Unido o Francia, con sus planes de abandonar el carbón y los autos a base de combustibles fósiles".

Un agravante de esta situación son los subsidios que en estas geografías se destinan a los combustibles fósiles, cuyos montos se incrementaron de u$s 75.000 millones en 2007 a u$s 147.000 en 2016, según el Brown to Green Report. Sin embargo, es de notar que sí hubo una reducción en este estipendio entre los años 2015 y 2016. Paralelamente, en total, puntualiza el documento, los países del G20 gastaron un promedio de u$s 91.000 en proyectos de combustibles fósiles desde 2013 hasta 2015.

Un dato para destacar: hubo dos países que, durante 2017, generaron más dinero a partir de esquemas de impuestos al carbón de lo que habían gastado en combustibles fósiles en el año previo. Se trata de Francia y Canadá, más allá de que en diversas provincias del último el esquema de precios al carbón está cuestionado en varias instancias judiciales.

En lo que hace a las energías "verdes", el Brown to Green destaca las metas y políticas llevadas adelante por la Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Japón, Sudáfrica y el Reino Unido en renovables, pero advierte que ningún país del G20 tiene una meta para llegar al 100% de fuentes limpias para el año 2050.

De lo general a lo particular

Según los datos publicados en el último Inventario de GEI que elabora la Dirección Nacional de Cambio Climático, en la Argentina, el sector energético es el que más contribuye a las emisiones de GEI (53%). Sin embargo, puntualizan desde FARN en base al Brown to Green 2018, las políticas que está desarrollando el gobierno de Mauricio Macri "resultan contradictorias para su reducción en esta área de la economía del país".

Se refieren, de este modo, a la dualidad que plantean las dos principales apuestas energéticas de la gestión actual: la promoción de las energías renovables principalmente, a través de las rondas licitatorias del Programa RenovAr, por un lado; y a los subsidios que se destinan a la industria de los hidrocarburos, primordialmente, para impulsar el desarrollo de la formación Vaca Muerta, por el otro.

Respecto de lo segundo, en el informe se detalla: "En 2016, los subsidios a los combustibles fósiles de la Argentina alcanzaron los u$s 2.700 millones, frente a los u$s 11.300 millones de 2014. Entre 2014 y 2016, los subsidios estuvieron por encima (u$s 0,008) del promedio del G20 (u$s 0,004) por unidad de PBI". Estos números incluyen solamente una estimación de los subsidios al consumo, adoptando el enfoque de la brecha de precios, puntualiza el texto. En tanto según un análisis de FARN sobre el presupuesto 2019, debido a la devaluación, estos subsidios se duplicarán (u$s 5.700 millones), lo que representará el 0,03% del PBI.

Ahora bien, con relación a hacia dónde se direcciona el financiamiento público dentro del sector energético, la conclusión del Brown to Green Report es contundente: "Entre 2013 y 2015, las instituciones financieras públicas argentinas gastaron un promedio anual de u$s 1.400 millones en financiamiento marrón (esto es, proyectos de carbón, gas y petróleo, y la infraestructura asociada a ellos) y u$s 4 millones en financiamiento verde (proyectos de energía renovables) en el sector energético doméstico.

La mayor transacción (u$s 2.000 millones) fue para la exploración de combustibles fósiles por parte de empresas estatales. No se identificó ninguna financiación pública gris (grandes hidroeléctricas, biocombustibles, nuclear, incineración, transmisión, distribución, almacenamiento, eficiencia energética y otros apoyo eléctrico general), probablemente debido a la falta de transparencia". Paralelamente, y una vez más según estimaciones de FARN, en 2018, ese financiamiento sería cercano al 93%.

Es por ello que Maurtua Konstantinidis no duda en concluir: "La Argentina debe priorizar la transición de las fuentes de energía sucia hacia las renovables, deshacerse de los subsidios a los combustibles fósiles y comenzar a actuar en su gran pérdida de bosques".

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