Viernes  30 de Marzo de 2018

Polémica judicial: podrían quedar libres cientos de evasores

Polémica judicial: podrían quedar libres cientos de evasores

Una fuerte polémica se desató en los tribunales a raíz de la modificación de los montos a partir de los cuales la evasión es delito por parte de la reforma tributaria. Para el procurador general de la Nación no se deben aplicar en forma retroactiva, pero para algunas salas de la Cámara en lo Penal Económico sí deben beneficiarte cientos de evasores que quedarían liberados, ya que rige el principio de la “ley penal más benigna”, y en forma muy reciente un juez dictó el primer fallo haciéndose eco del criterio de la  Procuración.

Este tema llegará a la Corte como ya ocurrió con la anterior suba de los montos de punibilidad. En aquella ocasión, ganó el principio de ley penal más benigna y cayeron casi todos los juicios en trámite, pero ahora la expectativa está puesta en la nueva composición del Máximo Tribunal.

El pasado 22 de febrero, el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, a través de la resolución 18/2018 instruyó a sus subordinados para que se opongan a la aplicación retroactiva de la reforma de la ley Penal Tributaria, recordó Ezequiel Passarelli, del estudio SCI Group.

La nueva ley Penal Tributaria aumentó los montos a partir de los cuales son punibles algunas de las conductas delictuales.  En tal sentido, evasión simple pasó de $ 400.000 a $ 1.500.000.

En virtud de ello, si un contribuyente evadió más de $ 400.000 pero menos de $ 1.500.000, de aplicarse el principio de ley penal más benigna (a lo que el procurador se opone), quedaría amparado por la nueva norma y no sería sancionado puntualizó Passarelli.

Sin embargo, casi de manera simultánea, la Justicia puso freno dicha instrucción. La Cámara en lo Penal Económico, el 21 de febrero, en la causa “Club Alemán de Equitación”, decidió aplicar este principio para el caso de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, revocando el procesamiento del ex presidente del club.

Por el contrario, el 26 de marzo, el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dispuso no hacer lugar a un pedido de sobreseimiento basado en la aplicación de este principio de ley penal más benigna, comentó Passarelli.

Para hacerlo, prácticamente copió los argumentos de la resolución del jefe de los fiscales, entendiendo que “…esta nueva ley, lejos de desincriminar la conducta que se considera punible, se limita a ajustar el umbral económico de punibilidad a la realidad económica actual, (…) acompañando de este modo el proceso inflacionario por el que ha transitado el país (…) De este modo, el nuevo monto establecido por el legislador (…) si bien en términos nominales resulta mayor que el que hasta el momento regía, en términos económicos se presenta como sustancialmente análogo…”.

Adicionalmente, el juez, haciendo uso de la opinión del por entonces jefe de los fiscales Eduardo Riggi en la causa “Gabriel Darío”, se pregunta: ¿qué ocurre con aquellos que ya fueron condenados con los anteriores montos de punibilidad (por ejemplo, $ 400.000)? ¿Habría que revisar su condena, para que sea justo, equitativo y respetuoso del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional?

Por último, concluye el juez que, si la solución fuera que se aplique la ley penal más benigna, entonces estaríamos alentando a que los evasores intenten dilatar lo más que puedan las pesquitas, las pericias y los procesos, esperando que una nueva reforma legal milagrosa los salve de la pena, lo cual sería totalmente injusto con otros procesados cuyos trámites hayan sido más rápidos y ya hayan sido condenados,  indicó Passarelli.

Toda esta discusión, ya se dio hace seis años y tuvo solución judicial por la totalidad de los tribunales e incluso por la Corte Suprema en la causa “Soler” del año 2014. En efecto, el 8 de marzo del 2012, el procurador general Esteban Riggi dictó la resolución 5/2012 a partir de la cual se opuso a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, ya que la Ley Penal Tributaria se acababa de reformar.

Sin embargo, la justicia en su conjunto hizo prevalecer la garantía de retroactividad de la Ley Penal más benigna, la cual está amparada por la Constitución Nacional, por el artículo 2° del Código Penal, por el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Político, ambos con jerarquía constitucional, precisó Passarelli.

Luego de aquel fallo de la Corte, la entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó se vio obligada a dictar una nueva instrucción que dejaba sin efecto la orden dada por Riggi.

“Entonces el final parece bastante predecible, pese a que, habrá que esperar a que la nueva composición de la Corte ponga un freno definitivo a esta nueva instrucción de Casal”, opinó Passarelli.

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