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El Cronista Comercial

MARTES 23/07/2019
Domingo  03 de Marzo de 2019

Eléctricas reclaman por deudas del Estado de más de $ 4000 millones

Por el consumo en barrios de emergencia y la tarifa social, Edenor y Edesur reclaman más de $ 2000 millones cada una. Piden resolverlo durante este año

Eléctricas reclaman por deudas del Estado de más de $ 4000 millones

El traspaso de jurisdicción de Edenor y Edesur de Nación a la órbita de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, que se anunció el pasado jueves, podría llevar casi todo el año. Mientras tanto, las dos distribuidoras eléctricas continúan con un reclamo al Estado superior a $ 4000 millones.

La deuda multimillonaria que mantiene el Gobierno nacional está relacionada con la tarifa social y el consumo en barrios de emergencia, donde las empresas tienen la obligación de prestar el servicio aunque no obtengan ingresos a cambio.

En el Acuerdo de Transferencia de Jurisdicción que plasmaron hace cuatro días en la Quinta Presidencial de Olivos el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, las partes se comprometieron a dar una "solución integral" a los reclamos pendientes entre el Estado Nacional y las concesionarias.

Entre esos conflictos se inscriben las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la tarifa social y el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios generados desde octubre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018.

Según contaron a El Cronista fuentes de las dos compañías, el Estado les debe a cada una de ellas más de $ 2000 millones por estos conceptos. Las distribuidoras reclaman que mientras compran la electricidad a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y deben pagar en tiempo y forma, el Estado no les abona sus deudas por llevar la electricidad a las villas.

Una de las distribuidoras, que prefirió no identificarse, expuso que solo por la energía eléctrica suministrada a los asentamientos informales tiene un saldo cercano a los $ 1200 millones.

Desde 2012, el ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que conducía Julio De Vido, puso en marcha el Plan Más Cerca Eléctrico, para financiar la instalación de luminarias en la vía pública y obras de distribución eléctrica, en especial en los barrios de emergencia.

Hasta 2015, se destinaron casi $ 6000 millones para ese programa, que quedó bajo en control de los municipios y no de Nación. Con la asunción de Cambiemos, el ex Ministerio de Energía y Minería, a cargo de Juan José Aranguren, puso en marcha una auditoría y le pidió a los intendentes devolver más de $ 700 millones por obras no realizadas.

Cuatro de las cláusulas del acuerdo de transferencia, que establece que desde el 1° de marzo las jurisdicciones que gobiernan Vidal y Rodríguez Larreta ejercen el poder de policía sobre el servicio público de distribución de electricidad, giran en torno a las deudas.

En el proceso de traspaso, el Estado Nacional se comprometió a "realizar las gestiones y los procedimientos administrativos necesarios para terminar de dar solución a los reclamos pendientes" y se asumió como el único responsable por los créditos y deudas que tengan una causa o título anterior al 28 de febrero de 2019".

Por otra parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), cuyo presidente, Andrés Chambouleyron, también participó de la foto del acuerdo, llevará a cabo junto a las distribuidoras y el organismo de control bipartito que se cree en la órbita de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires (posiblemente, con parte del personal del propio Enre, que pasará solamente a controlar a las transportistas)una auditoría de corte de la situación económico-financiera de Edenor y Edesur y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo.

El traspaso de jurisdicción fue orquestado desde el año pasado como una forma de transferir los subsidios de Nación a las provincias y ayudar a cumplir con la meta de déficit primario cero pautada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto quedó establecido con el Consenso Fiscal firmado el 13 de septiembre de 2018 y el Presupuesto 2019.

Por lo menos durante este año electoral, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires subsidiarán la tarifa social, mientras que Nación continuará desembolsando unos u$s 2500 millones para la generación eléctrica, con un costo que financian los consumidores solamente en un 60%. Además, el traspaso evita que sea el Gobierno nacional quien anuncie los próximos aumentos de la tarifa eléctrica (mayo y agosto).

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