Martes  03 de Marzo de 2020

El fracaso de la austeridad fiscal

El fracaso de la austeridad fiscal

En su discurso ante el Congreso, el Ministro Guzmán remarcó que la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona. Indicó que la teoría es clara al respecto: en un contexto de endeudamiento insostenible, cuando un gobierno se compromete a privilegiar el pago a los acreedores, esto induce una caída en la actividad económica que disminuye los ingresos fiscales, afectando las condiciones para devolver los préstamos.

La afirmación aduce que el impacto sobre la sostenibilidad de una estrategia de austeridad fiscal es negativo, y por ende que los efectos de corto y mediano plazo sobre la recaudación son más dañinos que los efectos presuntamente positivos de una liberación de recursos para repagar la deuda a cualquier costo.

Por el contrario, quienes defienden la austeridad como estrategia primordial para cumplir con las obligaciones apuestan a que dichas políticas produzcan beneficios gracias a la restauración de la confianza de los mercados, lo que reduciría las tasas de interés de la deuda (el riesgo país), impulsando la inversión y promoviendo una recuperación de la actividad y el crecimiento. Dirimir cuál de las dos teorías es la correcta es fundamental, porque si se elige el camino incorrecto el país no crece, y las deudas tampoco se pagan.

¿Qué dice la evidencia? La estrategia más práctica para evaluar estas hipótesis consiste en observar si, tras un recorte fiscal, la relación deuda/PIB crece o decrece. Si la austeridad redujo la deuda, la austeridad habrá sido efectiva, mientras que si no lo hizo, el esfuerzo resultó vano. En un trabajo que resume la evidencia más contundente hasta el momento, los economistas Jayadev y Konczal repasan 107 casos de países de la OCDE entre 1970 y 2007, y encuentran que las políticas contractivas resultan en general en un menor crecimiento del PIB y en mayores ratios de deuda a producto.

Cito este trabajo en particular porque, en realidad, utiliza la misma base de datos de otro, realizado por los economistas Alesina y Ardagna, donde se intentaba demostrar que la consolidación fiscal a veces sí funciona. En aquél trabajo, se concluía que la austeridad recuperaba la economía en 26 de los 107 casos analizados. Pero Jayadev y Konczal encontraron que la mayoría de los supuestos "casos exitosos" no eran tales. Revelaron que en muchos casos el recorte fiscal se había llevado a cabo después de que la economía había comenzado a recuperarse. En otras palabras, los propios datos de Alesina y Ardagna reconocían que, en la gran mayoría de los casos, la austeridad era dañina.

Para ilustrar, evaluemos algunos casos concretos. En la Grecia de 2010, y en medio de una crisis de deuda terminal, los analistas a cargo concluyeron que la sostenibilidad exigía poner en marcha un duro programa de austeridad. El supuesto clave, que a la postre resultó irreal, era que los "multiplicadores" (que miden el impacto negativo de la contracción fiscal sobre la actividad) eran minúsculos. Grecia llevó a cabo un penoso ajuste de su déficit primario de casi 14 puntos porcentuales del PIB, de los cuales 10 puntos se debieron a mayores impuestos. Pese a semejante esfuerzo, seis años después la relación deuda/producto había crecido en casi 8 puntos del PIB. La razón obvia fue que, durante ese período, la economía griega se había contraído un 35%.

Otro fracaso rotundo fue el de Portugal. En 2011, y como contrapartida de un programa de rescate de deuda, el país se comprometió a reducir el déficit fiscal de 9,8% del PBI en 2010 a 3,0% en 2013. La economía portuguesa, que previo al ajuste se había expandido un 1,9%, se contrajo en los tres años subsiguientes. Paradójicamente, el programa terminó provocando un aumento del déficit fiscal hasta un 4,9% del PIB en 2013, y también una suba de la deuda pública, que se situó en 129% del producto en ese mismo año. La razón, una vez más, fue la contracción de la actividad.

Pero no hace falta trasladarse a Europa para identificar las consecuencias de la austeridad fiscal. En 2014 Brasil anunciaba un ajuste fiscal urgente que llevaría el deficit de 0,6% del PIB a un superavit primario de 2% dos años después. Siendo la variable de ajuste principal la inversión pública, el resultado una vez más fue que la austeridad agravó la crisis. Sumado esto a una política monetaria fuertemente contractiva, el paquete transformó una leve desaceleración en el período 2011-2014, en una de las peores recesiones de la historia de nuestro vecino que desató, como todos sabemos, una violenta crisis política.

La austeridad y sus secuelas recesivas también pueden tener efectos negativos en el mediano y largo plazo. A medida que la deuda social y económica internas aumentan, la sostenibilidad también sufre. Un país que no brinda oportunidades de empleo está hipotecando el futuro de quienes mañana deben contribuir al crecimiento con su trabajo. Una empresa que enfrenta una demanda permanentemente limitada no piensa en cómo mejorar su productividad, sino en cómo sobrevivir.

No disponer de una adecuada prevención sanitaria redundará en costos futuros mayores en materia de salud pública. Y no es necesario referirnos a los impactos de recortar el presupuesto en educación en términos de desarrollo. Atender pagos inmediatos en exceso puede dañar irreversiblemente las capacidades para producir los excedentes futuros que permitan seguir honrando esos compromisos.

Nada de esto significa que las políticas fiscales expansivas sean la llave indisputable para el desarrollo de largo plazo. Pero la evidencia sí muestra que un país severamente endeudado debe tratar de evitar a toda costa contracciones bruscas que dañen su capacidad de pago futura. Desde luego, dado que un país muy endeudado no suele contar con un financiamiento holgado, la estrategia óptima requiere de un delicado equilibrio de políticas. En este contexto, ganar tiempo y espacio fiscal para propiciar el crecimiento resulta ser una condición necesaria. La evidencia también es contundente respecto de que los superávits fiscales son más comunes cuando la economía está en plena marcha.

Estos argumentos no son ni nuevos, ni anómalos, ni revolucionarios. Se trata ni más ni menos que de la aplicación sensata de políticas contracíclicas, una sana práctica que a muchos países les ha resultado beneficiosa durante muchas décadas, y que aplicada con criterio y flexibilidad contribuye a una macroeconomía sostenible.

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