Martes  19 de Marzo de 2019

El Gobierno gastó $ 40 millones en encuestas desde el año pasado

Isonomía es la consultora preferida de la administración Macri. La mayoría son pedidas por Jefatura de Gabinete. Dicen que no son electorales pero hay dudas.

El Gobierno gastó $ 40 millones en encuestas desde el año pasado

Entre el 19 de enero del 2018 y la semana pasada, el Gobierno lleva encargadas 50 encuestas por casi $ 41 millones. Con 32 de ellas solicitadas, la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña es el organismo que más demandó trabajos de opinión pública.

Con $22.641.710 cobrados, Isonomía es la firma con más encargos: unos 17. Lejos, MFG Consultores figura en segundo lugar, con $5.073.100. Tercero, Agora Asuntos Públicos, con $ 3.425.375.

 

Además del jefe de ministros, solicitaron investigaciones desde la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Secretaría General de la Presidencia, y los (algunos ex) ministerios de Transporte, Desarrollo Social, Educación, Producción, Cultura, Energía y Justicia.

Si bien en la Casa Rosada niegan que tengan una finalidad electoral, contraponiendo que las piden para direccionar la gestión, a falta de información pública de sus objetivos, la cantidad no deja de generar ciertas suspicacias.

Como ya contó este diario, en julio de 2017 se firmó un Acuerdo Marco, para que las distintas dependencias de la administración de Cambiemos puedan contratar "Servicios de realización de Estudios de Opinión Pública". Fueron seleccionados 14 consultas como proveedores.

Desde entonces, en el portal oficial de contrataciones del Estado, a cargo de la secretaría de Modernización, figura el listado de los trabajos solicitados con su fecha, metodología (cantidad de casos, tipo de encuesta), empresa que la realizará y el monto a abonar. No se aclara, en cambio, qué se le preguntará a los consultados.

"Jefatura de Gabinete es el que más figura en este listado porque dentro de su organigrama tiene una Unidad de Opinión Pública que tiene como función conocer y analizar las demandas de la población, para el diseño e implementación de políticas publicas del Estado", respondieron desde la oficina de Peña.

A modo de ejemplo. El 10 de septiembre del año pasado, el ministerio de Educación le encargó un trabajo a MFG Consultores por $ 2,5 millones. "Fue una encuesta de 2 mil casos de base para evaluar el impacto del nuevo programa Becas Progresar", informaron desde la cartera de Alejandro Finocchiaro. Por la misma temática ya le habían solicitado otra a la misma firma, según contaron entonces, hace más de un año.

Si bien el ministerio de Producción y Trabajo ya había encargado cuatro trabajos a través del convenio marco, a principios de mes licitó un "servicio de consultoría relevamiento cuantitativo y cualitativo". Se presentaron dos oferentes (Voices Research and Consultancy SA y WGO S.A) cotizando por encima de los $ 5,5 millones.

"La solicitud es para contar con mayor y mejor información sobre comportamientos de consumo y percepciones de los consumidores. Es un dato fundamental: las conductas y expectativas de la población tienen una gran incidencia en el desenvolvimiento de las variables económicas", explicaron desde la cartera de Dante Sica.

No obstante, su pliego (proceso 315-0021-LPR18), accesible a diferencia del acuerdo marco de contrataciones, ingresa en una zona gris. Entre las consultas de la "investigación cuantitativa sistemática", figuran "Aprobación del Gobierno Nacional", "Confianza en el rumbo del país" y "Humor Social comparativo con el Gobierno Anterior".

"Suena raro que se hagan encuestas comparando la percepción de los ciudadanos sobre el Gobierno anterior y éste. Sería bueno que el gobierno explique el objetivo de este estudio", opinó Pablo Secchi, director de la ONG Poder Ciudadano. Desde el ministerio de Sica insistieron que no tenía un fin electoral.

Igual no se realizará. Luego de la consulta de este diario, el comité de evaluación desestimó ambas ofertas, por lo que la licitación quedará desierta.

Desde la Casa Rosada insisten que las encuestas electorales, de las que se cuenta son adictos varios funcionarios, son pagadas por el partido.  

En su balance 2017, el último presentado a la Justicia Electoral (aún tiene tiempo legal para entregar el del año pasado), el PRO a nivel nacional declaró activos por $129.788.615, con poco más de $ 47 millones de "Gastos para desenvolvimiento institucional", el ítem que más dinero demandó. 

Aún tratándose de estados contables de un año electoral, no existe un apartado específico para "encuestas". Lo más parecido en sus 163 páginas es el rubro "análisis poblacional", con gastos por sólo $1.070.444. 

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Revista Infotechnology