Domingo  24 de Mayo de 2020

El Gobierno ajusta la asistencia económica para asegurar la paz social en el Conurbano

Este martes será un día de definiciones para llevar tranquilidad a intendentes y vecinos de las barriadas donde el aislamiento continuará inflexible. El gabinete evalúa alternativas para asegurar allí presupuesto para funcionar y alimentos.

El presidente, la semana pasada al recibir a líderes de organizaciones barriales.

Luego del feriado del 25 de mayo, la clase política reanudará este martes una serie de reuniones cara a cara imprescindibles para tomar decisiones impostergables de cara a mantener en pie el aislamiento social, preventivo y obligatorio otras dos semanas, con mayores controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin que por ello se registre un estallido social y un desacato a la cuarentena.

El gabinete económico volverá a sesionar el martes en la Casa Rosada para terminar de esbozar un paquete de acciones que apuntan a fortalecer los testeos masivos en los barrios populares de la capital federal y el Conurbano, adonde la velocidad del contagio más que duplica la media nacional, y asegurar el sostén económico a los segmentos de la población más afectados, por el tiempo en que dure el parate económico, según había anticipado el presidente Alberto Fernández

El sábado por la noche, al confirmar la continuidad de la cuarentena hasta el 7 de junio, el Presidente aseguró que "todos los esfuerzos estarán dedicados a ellos", los vecinos de las villas de emergencia, y trabajadores formales e informales que han visto golpeados sus ingresos. Por la crisis económica, se estima que los argentinos con necesidades alimentarias insatisfechas pasaron de 8 a 11 millones

Fernández aseguró el fin de semana desde Olivos que el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, trabaja para aumentar la distribución de alimentos en las barriadas populares, y en alianza con la Ciudad y la Provincia, y garantizar la salud de las personas más expuestas, en especial quienes trabajan en la asistencia a otros vecinos.

El Presidente fue enfático al asegurar que "toda esa gente que necesita apoyo económico directo" será auxiliada, al definir que el Estado "no va a escatimar esfuerzos para que reciban una segunda transferencia del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)". Son casi 9 millones los inscriptos para recibir los $ 10.000 que ANSeS prometió a fines de marzo y todavía, dos meses más tarde, no ha alcanzado a todos sus solicitantes, en su mayoría desempleados, trabajadores informales, o beneficiarios de planes.

El universo sobre el que proyecta su ayuda el Gobierno es de aproximadamente 12 millones de adultos, entre los inscriptos para el IFE, casi 400.000 monotributistas y autónomos que solicitaron préstamos a tasa cero, y otros 2.400.000 asalariados que ya recibieron el pago de medio sueldo.

El problema, sin embargo, está en el origen de esos recursos y la brutal erogación que supone para el Estado, más aún cuando la recaudación cae a pique. Como graficó un dirigente social, en los barrios populares "por ahora hay paz, pero falta guita".

Ante la advertencia de los movimientos sociales, y también de intendentes, que a su vez muestran preocupación por la falta de recursos para mantener en pie a sus administraciones, el Gobierno evalúa reforzar los mecanismos de entrega de alimentos, a través de los fondos rotatorios para provincias y municipios que se encargan de abastecer de comida y elementos de limpieza, pero también reforzando la distribución directa desde la Nación, que viene con problemas desde el comienzo de la cuarentena.

 Por este tema, Arroyo y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometieron a 30 compañías proveedoras que el Estado acelerará los plazos de pago.

También la ANSeS prepara un nuevo mecanismo de acreditación del refuerzo del IFE, que se estima que seguirá en los $ 10.000. Desde el 3 de junio pondría en marcha el segundo cronograma, que aceleraría los mecanismos de pago. 

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