Martes  20 de Agosto de 2019

Congelamiento de nafta: el Gobierno quiere acordar con petroleras

Los ministros Hernán Lacunza y Rogelio Frigerio y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, explorarán cómo rearmar el DNU para distribuir el costo del congelamiento en acuerdo con empresas y provincias.

Congelamiento de nafta: el Gobierno quiere acordar con petroleras

Después de recibir ayer a ejecutivos de las petroleras y gobernadores de las provincias afectadas por el congelamiento de precios, el Gobierno se comprometió a evaluar una nueva metodología para disminuir el impacto de la intervención en el mercado y busca acordar antes de noviembre con el sector una forma para retomar la normalidad y la seguridad jurídica.

Para eso, la Secretaría de Energía volverá a convocar en los próximos días -posiblemente la semana que viene- a los actores de la industria petrolera (empresas y autoridades provinciales) para "consensuar los números y costos de cada uno de los sectores", según fuentes oficiales.

En un encuentro que se extendió por casi una hora y media en el Palacio de Hacienda, el flamante ministro Hernán Lacunza, junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, ratificaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, por el que se congelaron los precios de los combustibles líquidos (naftas y gasoil), pero no ofrecieron soluciones de fondo.

En cambio, prometieron explorar formas para que los costos de la medida no recaigan enteramente sobre un sector en particular -ni el upstream ni el downstream-. En cualquier caso, se intenta encontrar un equilibrio para que a mediados de noviembre, cuando venza el congelamiento, no haya una brecha enorme entre los precios de mercado y los que pagan los consumidores en surtidores.

"Todos los sectores y los gobiernos provinciales y el nacional tenemos que hacer el esfuerzo por sostener los puestos de trabajo y llevar tranquilidad a las familias. Para el Gobierno, Vaca Muerta y la política energética es política de Estado. Esta fue una medida de emergencia y transitoria para paliar los efectos de la devaluación de la semana pasada", explicaron oficialmente.

"La reunión fue un fracaso, una puesta en escena que no sirvió para nada, ya que sigue todo exactamente igual. Ahora se habla de una mesa de diálogo, que no va a tener ningún sentido. No hubo avances y no se abrió ninguna negociación real", cuestionaron en una productora.

A su vez, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, declaró al diario Río Negro que "se empezó a hablar de modificar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) o alguna cuestión como un bono o reducir el IVA", para que Nación también cargue sobre sus espaldas algún costo.

El Estado tiene la facultad de reducir hasta un 10% el monto del ICL, que recaudó en julio casi $ 4000 millones. Una medida de ese estilo podría tener un costo fiscal cercano a los $ 1200 millones, si se extendiera por los mismos tres meses en que regirá el congelamiento de precios de las naftas y el gasoil.

Vista Oil & Gas demandó ante el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia el DNU 566/2019, ya que entiende que representa un grave daño para su operación comercial. En off the record, otras petroleras criticaron el papel de Vista por su escasa representatividad y se presentaron más moderadas.

Sin unificar un discurso por los distintos intereses cruzados (productoras no integradas versus petroleras con operaciones en toda la cadena), pero siempre en contra de la intervención oficial, otras empresas entienden que la medida sería transitoria y señalan que el ruido que hace Vista -una empresa que recién se formó en 2017 y empezó a operar el año pasado en Vaca Muerta-, es exagerado.

En tanto, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, emitió a través de su consultora, Energy Consilium, un lapidario informe sobre el impacto del congelamiento de los precios de los combustibles líquidos.

"Significa un retroceso significativo en términos de política energética. Es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector. Es un desincentivo a la inversión", señala el informe.

"Tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector, ya que el mismo es el único donde la Administración intervino los precios en perjuicio de los actores privados", postuló.

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