Miércoles  22 de Enero de 2020

Solidaridad, deuda y algunos errores de diseño

Solidaridad, deuda y algunos errores de diseño

La negociación de la deuda nacional no depende de lo que ocurra con la negociación de las deudas provinciales. En otros países hay ejemplos de gobiernos subnacionales en default que conviven con un gobierno nacional solvente y viceversa, aunque esto es menos probable.

Las claves pasan por la credibilidad del sendero de superávit fiscal primario que proyecte el gobierno nacional en relación a la nueva carga de intereses que surja de la negociación con los acreedores, y de la posibilidad de acceder a financiamiento voluntario en el futuro para poder renovar los vencimientos de capital a tasas de interés razonables, luego de concretado el canje.

Apenas asumió el nuevo gobierno sorprendió, al menos respecto de lo que se visualizaba durante la campaña electoral, con medidas que no sólo frenaban la inercia hacia un mayor déficit primario para 2020, sino que posibilitaban una mejora.

Lo negativo es el peso desproporcionado de tal ajuste en mayores impuestos que aportarían algo más de 1% del PIB, en lugar de reducir el peso de un excesivo gasto estatal. El gasto de hecho podría aumentar en moneda constante si el supuesto ahorro por suspender la actualización de jubilaciones para los que perciben más de $ 19.000 mensuales no compensa el mayor gasto en planes sociales, sueldos estatales y los aumentos en la jubilación mínima.

En la presentación del programa las autoridades enfatizaron que las medidas eran solidarias. Sin embargo, hay algunos errores de diseño que matizan esa conclusión.

Un ejemplo es asociar que quién cobra una jubilación mínima es pobre o que los productores agropecuarios son rentistas. De hecho la evidencia disponible va en sentido contrario.

En un trabajo anterior de FIEL se utiliza una metodología diseñada por Lustig y Pessino para identificar a qué decil de ingreso pertenecen los perceptores de jubilaciones con menos aportes de los requeridos por la ley. Se concluye que alrededor de un tercio eran de clase media o clase alta.

Si se extrapola esto a todos los perceptores de la jubilación mínima se puede concluir que la filtración hacia "no pobres" de los aumentos de suma fija dispuestos por el gobierno alcanzaría a algo más de un millón de personas con un gasto adicional que, en valores anualizados, equivale a alrededor de 0,2% del PIB. Evitar esa filtración hubiera permitido acotar a la mitad la suba de retenciones a las exportaciones o reducir al 15 o 20% el impuesto al uso de divisas.

Otro problema técnico es la decisión de castigar al sector agropecuario que aportaría alrededor de la mitad de los recursos adicionales proyectados bajo un argumento de solidaridad. Así se excluye del aumento a otros sectores que pueden tener ganancias elevadas y se castiga a los productores de áreas marginales (grandes o pequeños).

Por ello, en general otros países prefieren reducir exenciones en impuestos generales como ganancias o aumentar las tasas del mismo en lugar de buscar alternativas imperfectas. Un problema en la Argentina es la diferente participación del Estado nacional en retenciones que en ganancias, pero se podía haber acordado con las provincias que el incremento en la recaudación de ganancias se destinara al sistema previsional como se ha hecho en el pasado.

Se podría argumentar que el gobierno fue en el sentido apuntado con el aumento en el impuesto a los bienes personales. El problema con los impuestos patrimoniales es conocido en la literatura especializada: hay activos con serios problemas de valuación lo cual genera inequidades e ineficiencias respecto de los que se puede valuar mejor y, además, sobre algunos activos como los inmuebles ya percuten los tres niveles de gobierno generando una recaudación cercana al punto del PIB muy por encima del promedio regional (y eso no cuenta la recaudación de retenciones al agro que pueden ser vistas como un sustituto a un impuesto a la tierra).

Lamentablemente parecería que el Gobierno continuará agravando la filtración en las jubilaciones y además complicando el frente fiscal. El Jefe de Gabinete ha declarado que el aumento que hubiera tenido lugar en marzo de 2020 en base a la fórmula de ajuste suspendida cercano al 12% se hará, pero con montos de suma fija.

Eso generará una filtración importante hacia no pobres, abrirá la puerta para juicios contra el Estado (una medida similar entre 2002 y 2006 fue cuestionada en la justicia y resuelta a favor de los querellantes por la Corte Suprema en los fallos Badaro/Eliff) y evitará el "ahorro" fiscal que se preveía al anunciarse la ley de Solidaridad. En verdad, desde la óptica de los acreedores que hay que convencer habrá menos superávit primario y más deuda previsional futura que este o algún futuro gobierno, tarde o temprano, tendrá que honrar.

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