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DOMINGO 16/12/2018
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Prevención de la tortura, una deuda de la democracia que fue saldada

CLAUDIO AVRUJ Secretario de Derechos Humanos de la Nación

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El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj

Nadie será sometido a tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", se establece en el artículo quinto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual cumplirá el próximo 10 de diciembre 70 años. La prohibición de la tortura y otras formas de tratos crueles ocupa una posición especial en la protección de derechos humanos, ya que, no sólo está incluida en una serie de tratados internacionales y regionales, sino que forma parte del Derecho Internacional Consuetudinario vinculante para todos los Estados.

En 2004, nuestro país ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, que entró en vigencia en junio de 2006. Resulta relevante destacar que desde la reforma de 1994 los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional. Incumplido el plazo de un año establecido para la implementación de mecanismos nacionales independientes para el control y monitoreo de la situación carcelaria, fue recién en 2012 que el Congreso sancionó la ley 26.827, que determinó la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes.

No obstante, pasaron cinco años para que finalmente el pasado 28 de diciembre nuestro país, cumpliendo con los reclamos de los organismos internacionales y de distintos espacios de la sociedad civil local, pusiera en funcionamiento este Instituto. Esta es una muy buena noticia tanto a nivel local como en el plano internacional.

Desde el momento en que iniciamos nuestra gestión, la creación e implementación del mecanismo fue prioritario en nuestra agenda ampliada de derechos humanos y fue incluida como una de las metas a cumplir dentro de los 243 compromisos asumidos en el Plan Nacional de Derechos Humanos, presentado días atrás por el Presidente de la Nación.

El camino para concretar este logro requirió de esfuerzos y acciones que resulta necesario ponderar: en primer término, es preciso valorar el compromiso asumido a principios de 2016 por todos los jefes de bloque del Senado Nacional que promovieron la conformación de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo de la Nación, actualmente presidida por la Senadora Marta Varela; en el mismo sentido, tiene especial importancia el retorno de nuestro país tras trece años de ausencia a brindar informe y asumir compromisos ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra; y, además, fue muy importante el acompañamiento de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil.

El Mecanismo tiene la facultad de visitar lugares de detención que, según el Protocolo Facultativo, es cualquier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta, donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, ya sea por orden, instigación o con consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial, administrativa o de otra autoridad pública. Es decir, unidades penitenciarias, comisarías, alcaldías, institutos de menores, hogares para adultos mayores, hospitales neuropsiquiátricos, entre otros.

La creación del Comité resulta un hecho saludable en la construcción de la agenda de derechos humanos y fortalecimiento de nuestra democracia, fundamentalmente porque es un organismo independiente responsable de velar por la prevención, realizando recomendaciones al Estado en la adopción de medidas positivas para evitar las diversas formas de tortura. Tal es el aliento que el Poder Ejecutivo le ha dado a su creación que estamos analizando la propuesta realizada para que el Comité funcione en uno de los edificios del Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), un espacio emblemático consagrado a la memoria.

No hay política de derechos humanos que se transforme en política de Estado si no es a través de la consolidación y fortalecimiento de las instituciones, y de una cultura cívica y democrática que tenga como valor central la protección de los derechos. Este mecanismo era una de las tantas deudas de nuestra democracia. Hoy está saldada.

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