Viernes  29 de Mayo de 2020

¿Por qué millones de argentinos están en contra de un impuestazo si no les aplicaría?

¿Por qué millones de argentinos están en contra de un impuestazo si no les aplicaría?

Días pasados se publicaron un par de encuestas por las que más del 75% apoyaría un impuesto extraordinario a la riqueza. A primera vista, un fuerte apoyo. Pero cuando miramos la encuesta del lado del revés encontramos el dato más llamativo: más de un 20% estaría en contra, aun cuando saben que no serán de los 12 mil contribuyentes de este eventual impuesto. ¿Qué es lo que movería a millones de argentinos representados en ese 20% a tomar posición en una causa aparentemente ajena en defensa de una ínfima minoría que en su enorme mayoría desconocen?  Pero antes de contestar esa pregunta, una cuestión previa.

¿Hasta qué punto son válidas y corresponde tomar en cuenta estas encuestas?

Además de difundirse estas encuestas, en ciertos medios se ha consultado a personas influyentes, pretendiendo utilizar esos sondeos y opiniones como fuente legitimante de la propuesta. Pero cabe reflexionar hasta qué punto eso corresponde cuando los consultados no son expertos en la materia.

Aquí no se trata de cuestiones personales como si se está a favor o no del matrimonio igualitario o del aborto. Se trata del sistema tributario argentino que, de la mano de ser el más gravoso del mundo, probablemente sea también de los más complejos del mundo. Por lo cual, actualmente sancionar un impuesto (especialmente uno patrimonial), si se nos permite recurrir como analogía al juego del Jenga, tiene una complicación similar a reinsertar un bloque de madera en medio de la torre, con inminente riesgo de desmoronamiento constitucional.

Cuando a un consagrado director técnico de una de las principales ligas deportivas se le preguntó con respeto si quería opinar sobre la pandemia y la suspensión del torneo, contestó tajantemente que sería una irresponsabilidad de su parte expedirse sobre una cuestión tan compleja y que  sólo debían opinar los expertos (https://www.youtube.com/watch?v=rxeMSpYlMyg). Mientras, aquí tenemos medios que tratan de sonsacar opiniones a personas influyentes para apuntalar el impuesto y ponen al aire una y otra vez al mejor ex jugador argentino tratando de contestar como puede a favor del mismo (https://www.youtube.com/watch?v=oRsgJsxbnks). Estas asimetrías también son reflejos de nuestro último puesto fiscal en el mundo.

Veríamos como un acto irresponsable que el gobierno encargue encuestas para saber si la gente quiere terminar o no con la cuarentena y luego base su decisión en sus resultados. Porque la epidemiología es una ciencia con contados especialistas y los múltiples efectos de una pandemia para un país exigen meses de análisis. Por ello, con la misma indignación con que desde el oficialismo se condena la emisión de opiniones de inexpertos contra la cuarentena, debería condenarse el encargo y difusión de encuestas y pedidos de opinión a gente que, en general, naturalmente no tiene ni una mínima idea del sistema más gravoso y de los más complejos del mundo.

Sí podrían realizarse estas dos encuestas en asociaciones de máximo prestigio en estudios tributarios, cuyos socios pertenezcan al ámbito privado, judicial y administrativo. Y allí sí sería interesante analizar sus resultados.      

¿Qué sucede cuando preguntas sesgadas por incompletas son dirigidas a legos en la materia?

Dejemos a un lado la impertinencia de la encuesta y hagamos lo posible por darle validez, analizando qué información útil puede extraerse de ella.

Daniel Kahneman, en su extraordinaria obra “Pensar Rápido, Pensar Despacio”, cita un interesante caso. En cuatro países se preguntó a los ciudadanos si querían ser donantes de órganos. Mientras en Austria los donantes eran el 98%, en Alemania eran el 12%. Y mientras en Suecia eran el 86%, en Dinamarca sólo el 4%. ¿Por qué tan abismal diferencia en dos pares de países vecinos? La explicación se hallaba en la estructura de la pregunta. En Alemania y Dinamarca se marcaba un casillero sólo si quería ser donante.  En Austria y Suecia se marcaba sólo si no quería serlo. El silencio operaba distinto en uno y otro caso. Esa aparente sutileza llevaba a dos respuestas en las antípodas, demostrando que cuestiones de forma en la pregunta determina la preferencia. Por ese tipo de aportes Kahneman (psicólogo) fue el primer no economista en recibir el Nobel de Economía en 2002.

  

A continuación analizaremos las preguntas originarias de ambas encuestas.

¿Cuál es su opinión sobre el impuesto extraordinario a la riqueza?  (Clivajes). ¿Se debería cobrar un impuesto extra a las grandes fortunas?  (CELAG).  

El 79,5% (Clivajes) y 76,2% (CELAG) respondió a favor; y un 15,7% (Clivajes) y 21,4% (CELAG), en contra. El resto, “NS/NC”. La diferencia entre ambos rechazos puede provenir, como en aquel caso de Kahneman, de una aparente sutileza: “extraordinario” implica única vez, mientras “extra” puede resonar como impuesto adicional a otro (quizás patrimonial). No es lo mismo ‘por única vez’ que ‘además de’. Y esa diferencia bien pudo aumentar más de un tercio el rechazo en la segunda.

De la forma escueta y neutra de las preguntas, los encuestados podrían haberse inclinado a contestar asumiendo que Argentina cuenta con un sistema tributario estándar y que, por ello, debían responder en forma “base 0”. Pero, a la luz del natural desconocimiento de casi todos los encuestados sobre nuestro sistema tributario, a continuación se realizan ciertas adiciones que podrían haberse provisto para darle a los encuestados la mínima información para que puedan opinar con fundamento.

Se aclara si las cuestiones fueron tratadas en artículos anteriores (“¿Otro impuestazo en el país más gravoso del mundo?” y “¿Cuál es el punto de partida de Argentina para aplicar otro impuestazo?”, ambos en El Cronista) y, aún más atrás, en Doctrina Tributaria de Errepar (“Argentina y el Sistema Tributario más Gravoso del Mundo”, dos partes).

  • 1) Para contestar la pregunta originaria, tome en cuenta que ya existe un impuesto al patrimonio, al que a fines de 2018 se le elevó la alícuota de 0,25% a 0,75% y hace 6 meses se la volvió a aumentar, triplicando la alícuota máxima (2,25%) y que existiría superposición entre ambos impuestos.

Es muy probable que la casi totalidad de los encuestados no supiera esta información básica dado que los contribuyentes de tal impuesto son menos del 3% de la población encuestable (menos de 1M sobre 33M). La propuesta española sustituiría el impuesto patrimonial actual, mientras en Argentina se superpondrían.  

  • 2) Tome en cuenta que prácticamente no existen precedentes en el mundo con una alícuota de impuesto patrimonial superior a la máxima existente del 2,25%.

Esta cuestión fue tratada en el segundo artículo. El caso de España, único aparentemente similar con el 2,50%, no es comparable por dos razones: (i) no se aplica en importantes comunidades autónomas, como la de Madrid, y (ii) contiene una limitante legal por la que la suma del impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio no puede superar el 60% de la renta del ejercicio. Mientras, en Argentina, el 2,25% se aplica sin limitación alguna.    

  • 3) Como marco general, tome en cuenta que el Banco Mundial y sus miles de asesores desde hace 6 años que concluyen que Argentina tiene el sistema tributario más gravoso del mundo.

Ya explicado en el primer artículo, dejando de lado al ignoto Comoras, Argentina es el único país al que en el ‘caso testigo’ no le alcanzan todas las utilidades para pagar los impuestos totales y es el único país calificado por el Banco Mundial con un “0,0” (cero coma cero) sobre 100 puntos en el ranking de “total tax rate”.

  • 4) Tome en cuenta que el impuesto extraordinario muy probablemente sea cuestionado por inconstitucional, por lo cual asuma que una parte sustancial de la recaudación no ingresará sino después de más de 7 años de litigio y sólo ante una sentencia de la Corte Suprema favorable al fisco.  

Si ya el impuesto patrimonial existente está siendo discutido judicialmente, es esperable que el eventual nuevo impuesto lo sea mucho más. Sobre las objeciones constitucionales al potencial impuesto extraordinario ya nos  remitimos al trabajo de Liban Kusa (“Coronavirus: por qué el Gobierno no debería crear nuevos impuestos”, El Cronista).

  • 5) Tome en cuenta que un tercer incremento en menos de 18 meses en impuestos patrimoniales puede provocar que muchos de los 12 mil potenciales contribuyentes muden su residencia real al exterior.

Durante el segundo semestre de 2019 se ha venido dando una suerte de “éxodo fiscal”, con una cantidad de consultas y decisiones relacionadas a cuestiones patrimoniales y residenciales, que exigió la emisión de respuestas e interpretaciones de AFIP. Luego, a fines de año, tuvo lugar el mencionado segundo aumento de alícuota del impuesto sobre los bienes personales. Y ahora este eventual nuevo impuesto se plantea asumiendo que estas 12 mil personas tienen una capacidad de resiliencia ilimitada. Son ciudadanos, con todo el derecho de defenderse ante las sucesivas violaciones constitucionales y los sucesivos cambios en las reglas de juego, incluyendo su derecho a dejar el país. La eventual sanción de un impuesto como el que se propone tendrá consecuencias en este aspecto, además de las que ya ha tenido por su mero anuncio.

  • 6) Tome en cuenta que si Argentina sigue elevando la carga fiscal sobre el sector privado es probable que, además de cambios de residencia, se den cierres de empresas y ausencia de nuevas inversiones.

Desde hace más de una década, Argentina aparece entre los sistemas más gravosos del mundo y durante ese período dejó de crecer. Si sigue elevándose la carga tributaria se seguirá agravando la situación. Si no vendrán inversiones de afuera por un tiempo, que al menos se sigan haciendo y no se cierren las locales. Y entre múltiples efectos, habrá menos para distribuir entre los 21 millones que reciben mensualmente pagos del Estado.

  • 7) Sin perjuicio de lo respondido en 1) a 6), vuelva a contestar todas las preguntas anteriores pero ahora asumiendo que Ud. es uno de los 12 mil potenciales contribuyentes. 

Resulta fácil responder cuando no se encuentra comprometido el propio patrimonio. La cuestión es qué sucede cuando nos ponemos en el lugar del otro, por aquello que “cuando juzgues el camino de otro, pídele sus zapatos”.

Retomando a Kahneman, si la sola palabra “extra” pudo influenciar en incrementar más de un tercio el rechazo a la propuesta, cabe reflexionar hasta qué porcentaje seguiría aumentando a partir de estas siete informaciones básicas que pudieron proveerse a quienes, en su gran mayoría, naturalmente desconocen nuestro sistema fiscal.    

¿Qué es lo que está detrás del 21,4% de rechazo a este impuesto extraordinario?

Ante un proyecto para subir el IVA 10 puntos porcentuales, no hace falta realizar una encuesta para saber que sería rechazado por al menos el 99% de los encuestados. Lo inverso sucedería con un proyecto para bajarlo 10 puntos, contaría con la aprobación de al menos el (mismo) 99%. El “voto bolsillo” sería determinante en ambos.

En una población de 45 millones, los encuestables han sido 33 millones mayores de 16 años. Según cálculos estadísticos, lo más probable es que en la muestra de 2000 (CELAG) y 1142 (Clivajes) casos haya respondido uno solo o ninguno de los 12 mil potenciales contribuyentes. Por lo que resulta sorprendente  que haya un 21,4% (tomando la encuesta menos sesgada, con más encuestados y menor margen de error), representativo de unos 7 millones de ciudadanos mayores, que están en contra de un impuesto destinado a afrontar la pandemia, aun sabiendo que no les aplicaría; y en contra de que que 12 mil personas, a quienes en su enorme mayoría desconocen, paguen otro impuesto más. Sin “voto bolsillo”, una suerte de inédito “voto solidario” para con los muy pocos que deberían pagarlo. Ese es el dato que entendemos más llamativo de la encuesta.

¿Pero de dónde surge semejante rechazo? No se informa otro corte que no sea por voto partidario en la última elección. Pero intuimos que dentro del 76% que apoya la propuesta, estarán los que representan el actual 40% de pobreza. Es comprensible que cualquier proyecto que mitigue la miseria cuente, sin más, con el ciego apoyo de los más necesitados. Y probablemente también se encuentre una gran mayoría de aquellos cuyos ingresos dependen del Estado que, consciente o inconscientemente, se inclinarían por apoyar la propuesta porque podrían sospechar que, de no aprobarse el impuestazo, el efecto podría ser una disminución de su ingreso público. De hecho, es el camino que han elegido muchos países como Colombia, Paraguay, Uruguay, México, Corea del Sur, India, etc. Digamos, una suerte de “voto en defensa propia”.

Por casualidad o –más probablemente- causalidad, nos encontramos que aquel número de 7 millones no es tan distinto al de los actuales 8 millones de trabajadores del sector privado (6M de asalariados, 1,6M de monotributistas y 400 mil autónomos, según último informe del Ministerio de Trabajo). La explicación más coherente parece ser que hay un sector privado que en su gran mayoría no quiere aportar más impuestos, no importando quiénes lo hagan. Y que se solidariza con sus principales “representantes”, aquellos que han creado riqueza, fuentes de trabajo u oportunidades de crecimiento para ellos mismos y el país.  Ya se ha dicho que no se trata que el sector privado no quiere ser solidario en estas terribles circunstancias. Es que ya lo viene siendo y con creces, más allá de los límites de nuestra constitución y de los máximos parámetros internacionales.  

La respuesta a la pregunta y título de este trabajo la encontramos en que detrás del 21,4% están representados 7 millones de personas que estarían viendo en la eventual sanción de este impuesto extraordinario la coronación de una injusticia histórica.

Tenemos, por un lado, un sector privado en inédito estado angustiante que, según la última encuesta realizada por una entidad empresaria, está sin producción en un 56% de las empresas, caídas de ventas en un 93% de las compañías,  reducciones o dificultades para pagar sueldos en un 77% de empresas. Pero al que, en simultáneo e insólitamente, se le pediría que a través de sus principales “representantes” realicen otro aporte extraordinario más, en exceso del que ya están realizando por un cuestionado impuesto sobre los bienes personales.

Mientras, por el otro, tenemos una administración pública cuasi-paralizada. Si, más allá de la emisión monetaria, el Estado realmente necesita esos u$s 3000 millones para afrontar la pandemia, dicha parálisis estará ofreciendo múltiples alternativas para economizar y obtener recursos muchos mayores a los que (no) se van obtener con dicho impuesto. Por ejemplo, en el artículo pasado explicábamos en detalle una alternativa, por la cual en los sueldos públicos se está dando un ahorro (o incremento de gastos) por el tercio correspondiente a los gastos que no se están realizando por efecto de la cuarentena. Y que con reducir esa injusticia a menos de la mitad (15% del sueldo) se obtenían aquellos u$s 3000 millones. Cuesta creer que con esta extensión y nivel de paralización en gran parte de la administración pública no estén inmediatamente disponibles, como mínimo, una decena de alternativas más, igualmente constitucionales, justas y eficientes.

Y lo más llamativo de la encuesta es que ese grado de oposición, representativo de 7 millones, fue obtenido mediante la realización de una pregunta sesgada, por incompleta, frente a una población encuestada que, en su casi totalidad, naturalmente no tiene el mínimo conocimiento del sistema más gravoso y de los más complejos del mundo. Si se hubiera dado más información, como escuetamente se hizo más arriba, vaya a saber a cuánto hubiera llegado ese porcentaje de rechazo. Y a cuánto más aún si se hubiera realizado a expertos en la materia.

Se ha dicho desde sectores políticos no tan lejanos al oficialismo que un impuesto como el que se propone “agrandará la grieta existente”. La pregunta es si realmente profundizará la existente o está generando una segunda grieta distinta entre sector privado y sector público que no necesariamente coincidiría con la existente, atravesando las posiciones políticas. De hecho la encuesta de CELAG refiere que un 10,4% -de vuelta, resultante de una pregunta sesgada por lo incompleta- de votantes del oficialismo no apoyan la propuesta. Cabe analizar la conveniencia política y social, en estas dramáticas circunstancias de la pandemia, de generar una segunda grieta cuando aún permanece abierta la primera. 

¿Qué es lo que está detrás del 76% en favor del impuesto extraordinario?

Lo anterior en nada minimiza el 76%, representativo de 25 millones de ciudadanos mayores. Al contrario, está en línea con aquellos primeros trabajos publicados en Errepar sobre que el último puesto fiscal mundial de Argentina es responsabilidad primaria del Congreso y Poder Ejecutivo de turno, pero no es exclusiva. Hay un poder judicial, autoridades fiscales y un sector empresario y profesional que, en mayor o menor medida, han influido en ese último puesto. Y también sectores mediáticos y una gran parte de la población que fogonean y apoyan la suba una y otra vez de cualquier impuesto que sea (mientras no se les aplique). Todo lo cual demuestra el casi total desconocimiento de esos sectores y la falta de concientización en la sociedad sobre la gravedad terminal de nuestro sistema fiscal. Volveremos en próximos artículos sobre qué puede hacerse en estos ámbitos.  

Adaptamos la acostumbrada conclusión: o el Banco Mundial se equivoca en el diagnóstico, con miles de  tributaristas que lo vienen asesorando mal anualmente, y con funcionarios de 190 países que falsean sus datos para que Argentina aparezca en el fondo del ranking de imposición total de cada año; o, de lo contrario, hay un sector de nuestra clase política, de los medios y una gran parte de la opinión pública que yerra en su diagnóstico, considerando que la carga fiscal no es un problema y que se puede seguir elevando una y otra vez los impuestos.

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