Martes  20 de Febrero de 2018

El caso Gilligan debe servir para empujar la nueva ley de ética Pública

Díaz Gilligan presentó su renuncia a su jefe Fernando De Andreis

El Gobierno terminó por aceptar ayer que no tenía necesidad de abrir un foco de conflicto político y judicial por Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de la Presidencia que omitió incluir en su declaración jurada la cuenta bancaria que tenía abierta en un banco de Andorra. Pero si no hubo una reacción oficial inmediata fue porque el macrismo aún cree que hay un margen de error en estos temas que es tolerable.

Lo sabe porque el propio Presidente tuvo que trajinar con las revelaciones sobre el mundo off shore que desparramaron los Panamá Papers. Y si el funcionario no fue apartado antes (pese a que toda la conducción gubernamental estaba concentrada en Chapadmalal, lo que hubiera permitido un proceso decisorio ultra ágil) es porque también hay un ministro, Luis Caputo, que enfrenta una situación con componentes similares.

Para todos los que trabajaron en el sector privado e hicieron negocios fuera del país, off shore no es una mala palabra. Es legal y nadie pregunta sobre el origen de los fondos. Pero en la Argentina, como en la mayoría de los países, que un funcionario o gobernante comparta banco con lavadores de dinero o narcotraficantes no es un buen antecedente. Porque gatilla una presunción de culpabilidad muy difícil de levantar.

El caso Gilligan seguirá en la Justicia y obligará a un dictamen legal de la Oficina Anticorrupción. Lo que está claro es que el veredicto de la política fue más impiadoso, y ni Macri intentó apelarlo. Tal vez haya preferido reservar los argumentos y la defensa pública para cuando sean más necesarios.

Por lo pronto, lo deseable es que la fiebre de este caso estimule el debate de la nueva Ley de Etica Pública. El anteproyecto que elevó la titular de la OA, Laura Alonso, no solo penaliza el nepotismo (contratación de familiares) sino que amplía el rango y los ítems a incluir en las declaraciones juradas obligatorias de los funcionarios.

También crea oficinas para controlar a legisladores y jueces, y permite que la sociedad opine sobre su contenido a través de la web. Será cuestión de ver quién se pone el sayo.

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