El Cronista Comercial

OCA podría venderse por partes y la mira está puesta en Seprit

El pliego del remate de la empresa abre la puerta para que se hagan ofertas por algunos de los activos y no por la compañía completa. En las últimas horas, al interés del grupo Campici, se sumó el de un empresario relacionado con Cristóbal López

OCA podría venderse por partes y la mira está puesta en Seprit

Quebrado, por un pasivo que ya roza los $ 20.000 millones, OCA está de remate. Pablo Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial Número 10 de Lomas de Zamora, ya decidió que la empresa, principal correo privado de la Argentina, salga a licitación. Los pliegos de la subasta, que se hará entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre, ya se publicaron en el Boletín Oficial. Y difieren en un par de puntos con lo que el magistrado había ordenado en instancias previas del proceso.

Esos cambios, sutiles pero sustanciales, le abren la puerta a un desenlace incierto para la compañía, como la pérdida de activos clave o, directamente, una eventual estatización, según alertan fuentes directamente relacionadas con el enmarañado expediente judicial.

Tejada estableció que el pliego podrá adquirirse hasta el lunes 27 de este mes. Por OCA, una empresa de más de 6000 empleados, que el año pasado facturó $ 5600 millones y perdió más de $ 2400 millones, aprobó un precio de u$s 36,1 millones, compuesto por un monto fijo de u$s 18,5 millones y una base en efectivo de u$s 17,6 millones, a partir del cual se realizará la subasta. El juez validó así la tasación que habían hecho los liquidadores, objetada por excesiva por parte de la Federación de Camioneros, uno de los principales acreedores de la empresa y, a la vez, integrante de su administración actual.

Desde que decretó la quiebra, en abril del año pasado, el objetivo del juzgado siempre fue liquidar a OCA en forma completa, bajo la figura de “empresa en marcha”. Recordó esa idea fue la idea con la que los tasadores la valuaron. Y Tejada la remarcó semanas atrás, cuando rechazó un pedido del ex dueño de la empresa, Patricio Farcuh, quien exigió frenar la subasta, hasta tanto se resolviera un reclamo suyo sobre la propiedad de las instalaciones que OCA utiliza en el Centro de Transferencia de Cargas (CTC) de la ciudad de Buenos Aires.

Recordemos que no estamos ante una ejecución individual, sino ante una liquidación en un proceso falencial de una empresa en marcha, por lo que el orden público se impone sobre el interés privado”, replicó el juez. “Los activos de la fallida no están integrado sólo por las acciones sobre el CTC, sino por diferentes bienes que van desde inmuebles hasta participación societaria en otras sociedades, pasando por automotores, marca, servicios, etcétera, por lo cual, el cuestionamiento que puede haber sobre uno de ellos no puede suspender la enajenación de la empresa en marcha”, enfatizó.

Pero, en las bases y condiciones de la subasta, explicitó que la compra del pliego “no obliga a los interesados a presentar ofertas de adquisición de los activos de la fallida”.

“Leído de otra forma: los interesados sí podrán hacer ofertas de adquisición por los activos, no necesariamente por la empresa completa”, sospecha la fuente, que tiene interés directo en el resultado de la subasta.

Sigue, con especial atención, lo que ocurra con Seprit. Sigla de “Servicio Privado de Transporte”, es un correo que fundó el grupo Roggio y compró Advent. Este fondo de inversión fue el dueño de OCA entre 2004 y 2010. Si bien integró Seprit, que tiene base en Córdoba, con OCA, no los fusionó. Hoy, OCA es el dueño del 99,73% de sus acciones. Pero no consolida en su balance y tampoco se la incluyó en el expediente del concurso preventivo que derivó en la quiebra.

De hecho, cuando Tejada activó el proceso de salvataje (“cram-down”), una de las ofertas para quedarse con OCA fue de la propia Seprit, que todavía tenía a Farcuh entre sus autoridades. El juez –que había apartado a Farcuh de OCA por, entre otras razones, derivar fondos de la empresa para pagar los sueldos de Seprit– lo rechazó.

Hoy por hoy, Seprit sigue dependiendo de OCA. En teoría, le contrata servicios de flete y entrega a su accionista. Pero no le paga. Al contrario: es la propia OCA la que le sigue girando dinero para el pago de sueldos. Fueron $ 190,4 millones en 2019 y, a mayo, habían sido $ 85,5 millones, según consta en el expediente judicial. Hasta fines de junio, Seprit, además, le debía unos $ 410 millones a la AFIP, en impuestos y contribuciones sociales.

Seprit era la ‘marca B’. Entraban juntas a una licitación y las ganaba porque, como prácticamente no tiene estructura de costos, ofrecía un precio mucho menor. Aunque el servicio, al final, lo terminaba prestando OCA”, explica un conocedor de esa operatoria.

Sin embargo, escindida de OCA, su atractivo sería otro. “Primero: ya tiene licencia de operador postal. Segundo: su cartera de clientes. Sobre todo, bancos y empresas de servicios públicos en el interior”, enumera la fuente. Existe un tercer punto, quizás, el fundamental: sus empleados, cerca de 800, no están afiliados a Camioneros, como la inmensa mayoría de los trabajadores de OCA.

“¿Para qué voy a pagar u$s 40 millones por una empresa inviable, en la que, además, tengo que convivir con los Moyano, si puedo quedarme con un activo más aprovechable por muchísimo menos y sin ese lastre, en términos de costo laboral?”, razona.

Un par de fuentes consultadas por este diario –ambas, con interés directo en la compulsa– son pesimistas con la subasta. Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros, tenía decidido participar pero difícilmente mejorará la oferta espontánea que ya había hecho, por u$s 5 millones, que Tejada rechazó por considerarla baja. Pero, en la licitación, no está dispuesto a validar los u$s 36,1 millones que quiere el juez.

Una de las fuentes especula con una segunda licitación, tras un eventual fracaso de la primera. Otra, directamente, se anima a hablar de estatización, ante la ausencia de interesados y el peso político que tiene Hugo Moyano en la empresa.

Por lo pronto, en el pliego, Tejada removió otra barrera que alejaba a potenciales compradores. Cuando rechazó la oferta de Ficsa, la inversora de Campici, ordenó que los participantes en la subasta ya debían contar con la licencia de operador postal que emite el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El texto final dice: “Corresponderá al comprador conocer la normativa y los requisitos legales de Enacom para la transferencia de la licencia correspondiente de la actividad”.

Campici ya inició los trámites para obtener la condición de “apto para recibir la licencia” por parte del ente. En las últimas horas, se hizo público el interés de otro candidato: el grupo patagónico Clear. Su titular es Ignacio González Pedroso. Factura $ 7280 millones anuales entre Clear Petroleum (servicios para petroleras y gasíferas) y Clear Urbana (higiene y limpieza), sociedades con negocios principalmente en Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

González Pedroso comparte las empresas con dos personas, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, que las integran desde hace dos décadas. Oficialmente, el grupo remarca que, en 2011, su anterior accionista y fundador vendió todas sus participaciones. Un tal Cristóbal López. Como si OCA necesitara sumar otro apellido controvertido a una historia que, en los últimos 30 años, tuvo a protagonistas como Alfredo Yabrán, el Exxel Group, los Moyano y, al menos, tangencialmente, con el frustrado intento de fusionarla con el Correo Argentino, también el grupo Macri.

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